España comienza a mostrar ciertos síntomas de mejora económica tras un largo período de dificultades, caracterizado por la caída del PIB y un fuerte deterioro laboral que se ha materializado en una histórica tasa de desempleo, todavía por encima del 25%. Por un lado, la economía nacional salió de la recesión en el tercer trimestre, tras más de dos años de contracción, y, por otro, el mercado laboral registró en octubre su mejor evolución desde el estallido de la crisis. El paro registrado bajó por primera vez en términos interanuales desde mayo de 2007, en algo más de 22.000 personas, mientras que la Seguridad Social ganó casi 55.000 afiliados respecto a septiembre, un aumento igualmente inédito desde que empezó la crisis. Estas cifras vendrían a confirmar la favorable evolución que viene registrando el mercado de trabajo en los últimos trimestres y apunta a una posible creación de empleo durante el próximo año.
Como bien señala Manuel Pizarro, la economía nacional comienza a carburar. Ciertas variables indican que España está atravesando "un punto de inflexión", de modo que "las cosas comienzan a ir bien". Efectivamente, existen determinados datos que evidencian la corrección de los graves desequilibrios estructurales acumulados durante la burbuja. El cierre del ingente déficit exterior que acumuló la economía nacional durante los años del boom crediticio es, sin duda, uno de los principales síntomas de recuperación. Gracias a la mejora de la competitividad, las exportaciones se está convirtiendo en un motor importante. Y ello sin necesidad de tener que devaluar artificialmente la moneda, como sucedía hasta ahora, sino mediante un sano, aunque doloroso, proceso de ajuste interno caracterizado por la depreciación de activos, la reducción relativa de salarios y la amortización de deudas por parte del sector privado.
Pero estos avances poco o nada tienen que ver con los supuestos méritos de la clase política y todo, en cambio, con los grandes esfuerzos llevados a cabo por el conjunto de familias y empresas españolas. Desde que estalló la crisis, el sector privado ha sido todo un ejemplo de diligencia y responsabilidad que debería ser imitado por el conjunto de las Administraciones Públicas. Los españoles se han apretado el cinturón, ajustando drásticamente sus gastos para recomponer sus deteriorados balances con el fin de amortizar deuda, liquidar las malas inversiones acometidas durante la década pasada y, de este modo, seguir avanzando con el fin de recuperar el crecimiento sobre bases sólidas. Y ello a pesar de los numerosos obstáculos que han ido colocando los Gobiernos, del PP y del PSOE, durante la crisis.
En este sentido, es cierto que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho cosas positivas, como la reforma laboral o los avances llevados a cabo en materia financiera, pero no lo es menos que ha sido el PP, no el PSOE, el que, incumpliendo su programa electoral, ha disparado los impuestos hasta cotas impensables, con el único fin de mantener en pie una sobredimensionada estructura estatal que es herencia directa de la etapa de burbuja. Las crisis son, por definición, tiempos de cambio, pero en España ciertas cosas siguen igual que siempre, por desgracia. Pese a los evidentes excesos cometidos, el Gobierno se niega a reformar en profundidad el sector público, eliminando por completo tanto los abundantes gastos superfluos como los numerosísimos entes y organismos inútiles. El cierre de Canal 9, la televisión pública de la Comunidad Valenciana, por parte de la Generalidad que preside Alberto Fabra es una excepción que debería extenderse a todas las Administraciones, al igual que la histórica rebaja de impuestos aprobada por el Gobierno madrileño de Ignacio González.
En definitiva, los ajustes empiezan a dar frutos, pero éstos se concentran en el sector privado, lo cual demuestra que aún queda una ardua tarea pendiente en materia de reformas estructurales y recortes públicos.