Las baronías del PP se retratan tras la decisión de Alberto Fabra de cerrar la televisión pública valenciana. Existen tres sectores: quienes apuestan por la privatización, los que también amagan con el cierre y los gobiernos que han hecho ajustes y creen que los entes siguen siendo viables.
rnrnMaría Dolores de Cospedal mantiene su compromiso de privatización. En estos momentos, "estamos en un proceso de saneamiento", explica la presidenta de Castilla-La Mancha. "Cuando ese proceso sea más definitivo de tal manera que pueda resultar financieramente esa gestión privada o esa privatización, procederemos a ello", asegura. Eso sí, de momento no hay fecha cerrada.
rnrnLo que sí pone encima de la mesa su Ejecutivo son las cifras de ajuste. En 2013, el presupuesto del ente fue de 41 millones, un 8,2 por ciento menos con respecto a 2012. Y en 2014 será de 36 millones, 5 menos que en el presente ejercicio. Desde que gobierna Cospedal, la reducción es de casi el 50 por ciento (en 2009, era de 73 millones).
rnrnExisten otros datos llamativos del plan de reestructuración de Castilla-La Mancha:
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- El número de directivos se ha reducido de 43 a 8. rn
- El segundo canal dejó de emitir el día 15 de diciembre de 2011. rn
- Se han ahorrado los costes de producción y contratación hasta un 44 por ciento. rn
- Se dio orden de cambiar y reducir los vehículos del ente, ahorrando 20.000 euros anuales. rn
En la Comunidad de Madrid, en cambio, se sigue dejando claro que Telemadrid está abocada al cierre si los sindicatos hacen "inviable" la corporación. Así lo confirmó este mismo martes Ignacio González. "Nosotros sólo podemos mantener medios de comunicación públicos, tal y como dice la ley, no son deficitarios, y eso es lo que pretendemos hacer", explicó. En estos momentos, el Tribunal de Justicia de Madrid ordenó elevar las indemnizaciones a los trabajadores afectados por el ERE, pero no anuló los despidos. Los sindicatos han recurrido.
rnrn"Se trata de hacer viable Telemadrid sin que tenga déficit y con unos planteamientos razonables", afirmó González. De momento, este escenario no existe. "Si no es posible, la última alternativa es cerrar", concluyó.
rnrnCuando Luisa Fernanda Rudi llegó al poder en Aragón ejecutó un plan de viabilidad de la radio y televisión autonómica. Redujo el presupuesto de 60 a 45 millones y logró acabar con los 11 millones de déficit. "La televisión es viable", aseguran, y explican que la plantilla la conforman sólo un centenar de personas -informativos, deportes y contenidos son secciones externalizadas-. Tras Antena3, es el segundo canal más visto en la región.
rnrnEn esta línea se mantiene Alberto Núñez Feijóo. La TVG "está saneada financieramente, no tiene deudas y acaba en equilibrio presupuestario cada año", justificó el presidente gallego. Por ello, defendió que es un modelo "absolutamente distinto" al valenciano. Su argumento es claro: el ente se gestiona "con rigor" y, además, tiene audiencia.
rnrnSimilar respuesta en Baleares. "El cierre es impensable", en opinión de Antonio Gómez, vicepresidente del Ejecutivo de José Ramón Bauzá. De nuevo, justifican el mantenimiento del ente por la gestión económica realizada: el gasto ha disminuido en los últimos años un 70 por ciento -en 2010, IB3 cerró con una liquidación de 96 millones mientras este año no llegará a las 30-. "No tiene nada que ver con Canal 9 porque son realidades muy distintas", precisó Gómez.
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