El juicio del ERE de la Radio Televisión Valenciana, que cerrará próximamente sus puertas, arrancó el pasado 21 de octubre, un año y dos meses después de la aprobación del expediente, que inicialmente se aprobó para 1.198 afectados pero después RTVV comunicó a 186 técnicos de la su plantilla que no estaban afectados "definitivamente" por el despido, con el fin de poder garantizar las emisiones.
El ERE fue impugnado por los sindicatos. En concreto, Intersindical y UGT presentaron sus demandas ante el tribunal valenciano, mientras que CCOO y CGT lo hicieron ante la Audiencia Nacional. En ese momento se planteó un conflicto de competencias -puesto que ni el TSJCV ni la Audiencia se consideraban competentes para resolver el proceso- que acabó resolviendo el Tribunal Supremo.
Fue el alto tribunal el que el pasado mes de junio declaró la competencia del TSJCV para decidir sobre este ERE, al entender que el despido únicamente afecta a trabajadores que prestan sus servicios en centros de trabajo ubicados en la Comunidad Valenciana. Así, la Sala de lo Social del TSJCV es la que finalmente ha anulado el ERE y ha reconocido el derecho del millar de trabajadores despedidos a ser readmitidos. El tribunal justifica esta decisión en que hubo "irregularidades importantes" y se vulneró el principio de igualdad.
De esta forma, el tribunal valenciano ha estimado la petición de nulidad formulada por los sindicatos CCOO, UGT, Intersindical y CGT, así como por el propio fiscal del caso, Rafael Navarro, según consta en la sentencia, con fecha 4 de noviembre, contra la que cabía interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, opción que finalmente ha descartado la Generalidad Valenciana.
El TSJCV destaca, a modo de resumen, que los términos del despido colectivo "estaban acotados de antemano" y estima que por parte de RTVV no había "margen alguno" para aceptar ni asumir otros remedios "menos traumáticos" o de inferior coste social que no fueran el despido de más del 70 por ciento de la plantilla.
Asimismo, considera que hubo una "evidente" y "clara" alteración de los listados de las personas afectadas por el expediente, y de los propios criterios de designación, así como otras "irregularidades importantes" que vulnerarían el principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución Española.
El TSJCV también alude a otras "deficiencias" en relación con la tramitación del ERE, entre ellas no aportar la lista de afectados y los criterios de selección al inicio del periodo de consultas. Además, le "llama la atención" que en el desarrollo de las consultas, RTVV no aceptó ninguna de las propuestas ofertadas por el Comité de Empresa, tales como prejubilaciones, reducciones de jornada o suspensiones de contrato.
El ERE se aprobó definitivamente los días 21 y 22 de agosto, y se acordó la extinción de un total de 1.198 contratos, con lo que el Grupo RTVV se iba a quedar con una plantilla de 480 trabajadores, con el 31 de agosto como plazo máximo para ejecutar el expediente. Desde RTVV se contó con un informe de PricewaterhouseCoopers para determinar el número de empleados que debían ser afectados y se asignó al despacho de abogados Garrigues la negociación y ejecución de los despidos colectivos.
Los primeros despidos, en diciembre
Las primeras comunicaciones de despidos comenzaron, vía correo electrónico, en diciembre, a los trabajadores de Radio Nou. Posteriormente, en enero, fue el turno de los empleados del ente RTVV y, a partir de febrero, los de la televisión pública.
Mientras tanto, el Consell aprobó la liquidación del ente para dar paso a una nueva sociedad. También dimitió como director general de RTVV José López Jaraba, que no llegó a firmar la resolución del ERE, aunque sí lo hizo su sustituto, el que fuera director general de la Fundación Cacsa, Alejandro Reig, que asumió su cargo en diciembre y fue el encargado de ejecutarlo. En la actualidad, la responsable de la nueva sociedad es la abogada Rosa Vidal.