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El expresidente de Pescanova carga contra las auditoras y los bancos

Fernández de Sousa ha declarado ante el juez Ruz en calidad de imputado. Acusa a los bancos de fomentar créditos irregulares.

Fernández de Sousa ha declarado ante el juez Ruz en calidad de imputado. Acusa a los bancos de fomentar créditos irregulares.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha tomado este martes declaración en calidad de imputado al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, por el presunto falseamiento de las cuentas del grupo y por abuso de información relevante. El expresidente de la pesquera gallega ha acusado a los bancos de fomentar la concesión de créditos irregulares.

Fernández de Sousa Faro ha negado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional haber falseado facturas de la empresa para incrementar la concesión de crédito y ha acusado a los bancos prestamistas de consentir y fomentar un sistema irregular a través del cauce del factoring.

El expresidente de Pescanova ha contestado durante más de cuatro horas esta mañana en las dependencias judiciales a las preguntas formuladas por el fiscal anticorrupción Juan Pavía. El interrogatorio, que se reanudó a primera hora de la tarde, aún no ha finalizado.

Según han indicado fuentes presentes en la declaración, el directivo ha puesto de manifiesto que a la banca le convenía trabajar con este sistema de factoring, que supone que la entidad financiera adelante el dinero que la empresa prevé cobrar a corto plazo mediante la presentación de facturas proforma, debido a que los intereses cobrados son, en este caso, mucho más elevados que aquellos aparejados a créditos a medio o largo plazo.

"Ganaban mucho dinero con nosotros", ha indicado Fernández de Sousa, que dimitió de su cargo el pasado mes de julio dejando una deuda de 3.644 millones. El imputado ha precisado que las entidades adelantaban el dinero a Pescanova sin necesidad de aportar ningún documento.

Las declaraciones continúan

La ronda de declaraciones continuará mañana y el jueves. Ruz tomará declaración mañana al exconsejero delegado Alfonso Paz Andrade, al que le imputa delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de información relevante y el exconsejero José Antonio Pérez-Nievas. También declararán los representantes de Nova Ardara Equities, Golden Limit y de Iber-Comercio e Industria.

Ruz ha citado para el jueves 17 como imputados al hermano del ex presidente Fernando Fernández de Sousa, al que fuera presidente del comité de auditoría de la compañía Robert Albert Williams, a los directivos Joaquín Viña Tamarco, Antonio Taboas Moure y Alfredo López Uroz y al representante de ICS Holding Limited.

El 22 de octubre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 iniciará la toma de declaración de los testigos en el proceso, entre los que figura José Carceller, consejero de la pesquera en representación de Damm, y François Tesch y Alain Huberty, representantes de Luxempart.

También acudirán en calidad de testigos Antonio Basagoiti, consejero de Pescanova desde 1996 y que dimitió en abril, así como Francisco Javier Soriano, Yago Méndez Pascual, Ana Belén Barreras Ruano, que presentó el miércoles su dimisión como consejera de la pesquera, César Mata Moretón, Carlos Turci Domingo y Santiago Sañé Figueras, según informa Europa Press.

El juez Pablo Ruz aplazó el pasado 20 de junio estas declaraciones, que estaban previstas en un inicio para los días 1 y 2 de julio, a la espera de que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) le remitiera varios informes solicitados, y hasta conocer finalmente la auditoria realizada por KPMG, que ha concluido que el objetivo de los imputados era presentar una deuda financiera inferior a la real, y, como consecuencia, unos resultados superiores a los realmente generados.

Ruz aseguraba en un auto fechado el pasado 23 de mayo que los administradores de Pescanova "valiéndose de la información reflejada en las cuentas anuales (...) que no se ajustaba a la realidad" proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones.

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