Cuadrar los Presupuestos Generales del Estado no debe ser una tarea sencilla. Y menos aún tras seis años de crisis. Como explicaba este miércoles M. Llamas en Libre Mercado, el gasto se ha disparado desde que comenzó esta Gran Recesión.
Ni siquiera hace falta bucear en las pequeñas partidas para ver que el Estado tiene un problema. Entre 2007 y 2014, el gasto no financiero (quitando refinanciaciones de deuda pública y activos financieros) ha pasado de 270.000 a 314.000 millones de euros. Esto se ha debido, fundamentalmente, a tres líneas: prestaciones por desempleo (unos 15.000 millones más), Seguridad Social (aproximadamente 31.000 millones más) y pago de los intereses de la deuda (21.000 millones de incremento). Ni siquiera el ahorro en personal (8.000 millones) o inversiones (9.000 millones) han logrado equilibrar las cuentas.
Es evidente que el Gobierno tiene un problema. Las partidas que se incrementan son del denominado "gasto estructural". Quizás podría pensarse en una reducción de los subsidios del paro si se lograse crear empleo con fuerza (algo complicado según las propias previsiones oficiales). Pero en cualquier caso, las otras dos grandes losas de los PGE, pensiones e intereses de la deuda, seguirán ahí, creciendo año a año, dejando a Hacienda sin demasiado margen de maniobra.
Para el año que viene, por ejemplo, el objetivo de déficit de la Administración Central es del 3,7%. Hablamos de 40.000 millones de euros que seguirán elevando la montaña de deuda en la que España está instalada. Hacienda asegura que están siendo lo más austeros posible y que ya no hay mucho más de donde rascar.
Subvenciones y ayudas
Sin embargo, un vistazo rápido a las grandes partidas ministeriales deja margen para discutir el planteamiento oficial. No hablamos de plantear recortes dentro de cada uno de los programas, algo para lo que habría que analizarlos uno a uno. O de reducir un coche oficial aquí y una dieta allá; este tipo de gastos son muy molestos desde el punto de vista de la opinión pública, pero apenas suponen unas migajas en el total de los PGE.
El planteamiento sería eliminar programas que en su mayor parte consisten en inyecciones directas de dinero (normalmente en forma de subvenciones o ayudas) desde el Estado hacia un sector, una empresa o una organización. Habría que preguntarse por qué hay que entregar dinero de los contribuyentes, si el consumidor-cliente-benefactor no lo hace voluntariamente. Y eso sin entrar en los que podríamos llamar costes de segunda ronda, derivados de los precios más elevados de determinados bienes o servicios subvencionados.
Para analizar los PGE por programas quizás lo más sencillo sea acudir a la serie Roja, que incluye un tomo por Ministerio. En el volumen de cada departamento se puede encontrar una página de su gasto general. La siguiente es una lista de partidas presupuestarias que podrían considerarse fáciles de eliminar a corto plazo. Son gasto no estructural, en el sentido de que no están ligadas a servicios públicos básicos (seguridad, justicia, educación, sanidad,...) ni a prestaciones comprometidas (pensiones o desempleo).
La mayoría son ayudas directas del Estado hacia un sector determinado. La tipología es enorme. Habrá quien esté a favor de quitar unas y no de otras. Pero si mañana el Gobierno quisiera quitarse una mochila de 27.000 millones de un día para otro, podría hacerlo perfectamente:
1. Ministerio de Asuntos Exteriores: 610 millones en tres partidas. Cooperación para el desarrollo (494 millones); Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior (114,4 millones); Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información (1,9 millones).
2. Ministerio de Hacienda: 104 millones en cinco partidas. Incentivos regionales a la localización industrial (81,6 millones); Investigación y desarrollo de la sociedad de la información (9,4 millones); Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos (6,4 millones); Regulación del juego (6,4 millones).
3. Ministerio de Fomento: 2.717 millones en 8 partidas. Ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda (772,4 millones); Ordenación y fomento de la edificación (25,8 millones); Subvenciones y apoyo al transporte terrestre (903,2 millones); Subvenciones y apoyo al transporte marítimo (97,4 millones); Subvenciones y apoyo al transporte aéreo (347,5 millones); Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías (19,1 millones); Estudios en Obras Públicas y Urbanismo (32,7 millones); Servicio Postal Universal – Correos (518,7 millones).
4. Ministerio de Educación y Cultura: 388 millones en nueve partidas. Difusión cultural en el exterior (16,5 millones); Deporte en edad escolar y la universidad (2,3 millones); Promoción y cooperación cultural (8,8 millones); Promoción del libro (7,3 millones); Fomento de las industrias culturales (14,1 millones); Música y danza (86,2 millones); Teatro (58 millones); Cine (48,2 millones); Fomento y apoyo de las actividades deportivas (146,8 millones).
5. Ministerio de Empleo: 4.075 millones en tres partidas. Cooperación para el desarrollo (1,7 millones); Fomento de la inserción y la estabilidad laboral (4.041,5 millones); Desarrollo del trabajo autónomo (31,9 millones). En este departamento hay que hacer un apunte.
Los 4.041 millones destinados a "inserción laboral" son las famosas "políticas activas"; hablamos fundamentalmente de esos cursillos que se organizan a través de los Servicios Públicos de Empleo y de ayudas a la contratación y bonificación de determinados colectivos. La gran mayoría de los estudios coinciden en que su efectividad en España en los últimos años ha sido prácticamente nula. El Gobierno ha anunciado modificaciones en este campo, que incluyen medición de las políticas en marcha y apoyo a aquellas que consigan resultados. En cualquier caso, cabría preguntarse si este dinero está bien destinado y si tiene algún sentido que se mantenga esta partida en los PGE dados sus resultados.
6. Ministerio de Industria: 7.337 millones en catorce partidas. Desarrollo industrial (417 millones); Reconversión y reindustrialización (475,4 millones); Desarrollo alternativo de las comarcas mineras (51 millones); Explotación minera (423,2 millones); Coordinación y promoción del turismo (313,9 millones); Apoyo a la pequeña y mediana empresa (153,7 millones); Infraestructuras en comarcas mineras del carbón (51,9 millones); Apoyo a la innovación tecnológica en defensa (343,6 millones); Investigación y desarrollo tecnológico-industrial (227,3 millones); Investigación y desarrollo de la sociedad de la información (89,8 millones); Innovación tecnológica de las telecomunicaciones (587,2 millones); Ordenación de la sociedad de la información (27,9 millones); Metrología (6,1 millones).
Además, el Ministerio de Industria tiene una partida destinada a "Normativa y desarrollo energético". Es el dinero destinado a pagar las famosa primas a las renovables y este año se elevará a los 4.169 millones de euros.
7. Ministerio de Agricultura: 7.560 millones en diez programas. Competitividad y calidad de los mercados agrarios (30,5 millones); Competitividad y calidad de la sanidad agraria (41,4 millones); Regulación de los mercados agrarios (5.815,1 millones); Competitividad industria agroalimentaria (25,9 millones); Gestión de recursos hídricos (46,6 millones); Desarrollo del medio rural (1.475,6 millones); Programa de desarrollo rural sostenible (19,6 millones); Protección de los recursos pesqueros (14,8 millones); Mejoras de mercados pesqueros (46,4 millones); Actuaciones para la prevención del cambio climático (42,4 millones).
8. Ministerio de Sanidad: 63 millones en tres programas. Promoción y servicios a la juventud (27,9 millones); Igualdad de oportunidades mujeres y hombres (19,1 millones); Protección de consumidores y usuarios (16,4 millones).
9. Ministerio de Economía y Competitividad: 3.007 millones en diez partidas. Cooperación para el desarrollo (1,2 millones); Promoción comercial de la empresa (442,7 millones); Ordenación del comercio exterior (9 millones); Ordenación de las estructuras comerciales (14,7 millones); Investigación sanitaria (286,7 millones); Investigación tecnológica-industrial (2.007,9 millones); Investigación agraria (76,9 millones); Investigación oceanográfica (59,2 millones); Investigación geológico-minera (24,9 millones); Investigación energética (83,4 millones).
En total, hablamos de unos 26.000 millones de gasto. Lo expuesto anteriormente no presupone, ni mucho menos, que en el resto del PGE no haya posibilidades de ahorro. Para empezar, han quedado excluidos los Ministerios de Defensa, Interior, Justicia y Presidencia, porque no tienen partidas presupuestarias de estas características.
Pero hay más opciones. Por ejemplo, en el primer epígrafe analizado, dedicado al Ministerio de Asuntos Exteriores, la principal partida es la de Acción del Estado en el Exterior. Pues bien, este concepto no entra en el alcance de este artículo, pues se entiende que cualquier Estado necesita embajadas y consulados con los que realizar su labor diplomática. La pregunta sería ¿es necesario gastar 669 millones de euros en este área, como está previsto, o podría hacerse con menos? Y habrá quien piense que mejor quitarle la mitad del presupuesto a los embajadores para mantener alguna de las anteriores subvenciones.