Se trata, según la Junta, de luchar contra el fraude fiscal, pero en la práctica quiere impedir que los andaluces que vayan a morir "previsiblemente" en el plazo de un año dispongan del dinero de sus cuentas bancarias. El nuevo proyecto de Ley fue admitido ayer a trámite por el Consejo de Gobierno que preside Susana Díaz y dice pretender que se impida eludir el pago del impuesto de Sucesiones en los casos de "fallecimiento previsible con anterioridad".
Según la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, se han detectado situaciones en las que se han hecho "operaciones en los depósitos bancarios" de la persona a punto de morir hacia "las cuentas de sus familiares" con objeto de "evitar el pago de dicho impuesto". Dicha medida imposibilitará, por tanto, realizar operaciones en los depósitos bancarios que puedan ser señal de un desvío del dinero para eludir la tasa fiscal.
En la referencia oficial, la Junta lo explica de este modo: "En la modalidad de Sucesiones, se incrementa la capacidad de la administración para acceder a los movimientos bancarios de los herederos ya que, en casos de fallecimiento previsible con anterioridad, se han detectado operaciones o movimientos en los depósitos bancarios con objeto de eludir el pago de ese impuesto. Ahora, la persona beneficiaria tendrá que aportar una acreditación emitida por la entidad financiera en la que aparezca el saldo en el momento de fallecimiento, pero también los movimientos efectuados en el plazo de un año previo a esta situación, así como el número de titulares de la cuenta."
Además, se perseguirá el fraude relacionado con la donación de dinero de padres a hijos para comprar la vivienda habitual. "En muchas ocasiones se encubre la transmisión de la propia vivienda del progenitor", de tal manera que también elude el impuesto de Sucesiones. Para evitarlo, se exigirá que el donatario habite el inmueble adquirido durante al menos tres años. La medida prohíbe el pago en metálico de todas las transmisiones, adquisiciones o donaciones, con el objeto de facilitar el control posterior de los pagos.
326 millones de euros aportó Sucesiones
Según el grupo Joly, la Junta y sus agencias administrativas recaudaron 13.245 millones en el ejercicio 2011. El tramo autonómico del IRPF reportó 4.617 millones; el IVA otros 4.076; los Impuestos Especiales de Fabricación 2.247; y Transmisiones Patrimoniales 677. Sucesiones y Donaciones aparece entre los tributos de clase media y aportó a las arcas andaluzas 326 millones, un 5,49% más que en 2010 y el 2,46% del total. Parece un monto discreto comparado con el rendimiento de los grandes imanes del euro, pero no lo es tanto.
Con esos 326 millones se cubre el presupuesto para 2012 del Instituto Andaluz de la Juventud (39,4 millones), el de la Mujer (34,5) y el de Enseñanzas Artísticas Superiores (1,5); de los consejos Audiovisual (5,9) y Consultivo (3,8); de la Agencia de Evaluación Educativa (5) o de la de Defensa de la Competencia (3,5). Incluso así sobrarían 232 millones.
El problema es que no en todas las CCAA se paga este impuesto ni del mismo modo. El Gobierno de Artur Mas, por ejemplo, eliminó Sucesiones en plena oleada de recortes. CiU cumplía así una vieja aspiración, pues suya fue, en septiembre de 2009, una proposición de ley que pretendía tumbar esta figura a escala nacional y que el Congreso rechazó. Al presidente extremeño, José Antonio Monago (PP), tampoco le tembló el pulso al eliminarlo. En Madrid, País Vasco, Navarra, La Rioja, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Castilla y León y, más recientemente, Cantabria y Aragón hay bonificaciones tan generosas que suponen, de hecho, la supresión en los casos de herencias entre parientes cercanos y otros supuestos (la adquisición mortis causa de empresas es el más habitual).
Pero las cosas están cambiando y la voracidad fiscal de las CCAA atacan de nuevo al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. De hecho, como se dice en la recopilación que incluye el último Programa de Estabilidad 2013-2016 que el Gobierno envió a Bruselas, "se aprecia una supresión de beneficios fiscales aprobados en años anteriores en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de manera que las CCAA están en un proceso de incremento del potencial recaudatorio de este impuesto".