La Comisión de Hacienda del Congreso aprobó el jueves el proyecto de ley de Fiscalidad Medioambiental y otras medidas tributarias y financieras con el rechazo de los grupos de la oposición. Los únicos cambios en el proyecto, que ahora pasa al Senado, han sido los propuestos por el PP, y entre ellos están las exenciones establecidas al impuesto sobre la electricidad para determinados procesos químicos, metalúrgicos y mineralógicos con el fin de mantener la competitividad de las industrias españolas.
También se han establecido exenciones al impuesto sobre los gases fluorados. En el caso del impuesto sobre la producción nuclear y los residuos radiactivos se ha fijado el inicio del primer periodo impositivo en el 1 de enero de 2013.
La medida que hace referencia a la producción nuclear, era un requisito indispensable para que las eléctricas que gestionan Garoña mantuvieran con vida la central. Santa María de Garoña (Burgos) lleva inactiva desde el pasado diciembre por la entrada en vigor de los nuevos impuestos implantados con la reforma eléctrica.
Nuclenor, controlada por Iberdola y Endesa, denunció que Garoña no podría asumir el impuesto por la producción de electricidad, los dos nuevos impuestos a partir de 2013 (por la producción de residuos y por su almacenamiento) y el impuesto con carácter retroactivo del material irradiado. "Perderíamos dinero", aseguraban en mayo fuentes de Nuclenor consultadas por Libre Mercado.
La propuesta del Ejecutivo afecta a la retroactividad del último impuesto y consiste en gravar solo el combustible irradiado desde el 1 de enero de 2013. En el caso de que un reactor estuviese parado en dicha fecha, como es el caso de Garoña, la central comenzaría a tributar en el momento de su puesta en funcionamiento, no antes.
La oposición critica que "es un regalo a Garoña"
El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) dicen que el Gobierno ha planteado estas modificaciones "a la medida" de Garoña. El diputado socialista Pedro Sánchez ha calificado de "insultante" que se presente el proyecto de ley como de fiscalidad medioambiental cuando se trata de "rebajar los impuestos a las centrales nucleares" y, en concreto, a Garoña. Y es que, a su juicio, las enmiendas del PP tienen como verdadero objetivo que "Nuclenor se ahorre 150 millones de euros".
En términos parecidos se ha pronunciado la portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Laia Ortiz, quien ha asegurado que las enmiendas son un "nuevo regalo" a Garoña. Mientras tanto, la propietaria de Garoña, conserva su intención de mantener cerrada la central. Nuclenor se negó a solicitar la ampliación de la vida útil de Garoña, cuyo cierre fue decretado en julio de 2013.