Sacyr ha solicitado el preconcurso de acreedores para la sociedad concesionaria del aeropuerto internacional de Murcia, que soporta una deuda de 200 millones de euros, según informó la compañía que lidera el consorcio que se adjudicó el proyecto.
El grupo que preside Manuel Manrique anunció además que sopesa impugnar la decisión del Gobierno de Murcia por la que le rescindió el contrato y solicitar la indemnización que le corresponda por "todos los daños y perjuicios ocasionados" por esta decisión.
Según Sacyr, el consorcio había realizado una inversión en el proyecto de 250 millones de euros. A su vez, el valor neto de la inversión del grupo en la sociedad concesionaria del aeródromo es de 25 millones de euros.
En cuanto a la solicitud de preconcurso, la Ley Concursal otorga a Sacyr y al resto de socios en el proyecto un plazo máximo de cuatro meses para alcanzar un acuerdo de reestructuración de deuda y evitar así el concurso de acreedores.
El grupo de construcción controla el 60,65% del capital social de la sociedad concesionaria que en julio de 2007 se adjudicó la construcción y posterior explotación de este aeródromo privado de Murcia. El resto de socios son Grupo Fuertes, Montisa, Inocsa, Cementos La Cruz, la antigua Caja Murcia y Sabadell-CAM.
Sacyr explicó que el consorcio había solicitado al Gobierno de Murcia y a los órganos judiciales competentes la adopción de las medidas necesarias para restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión y garantizar así la "pronta" puesta en servicio" del aeródromo.
No obstante, el pasado 16 de septiembre la compañía recibió la notificación de que la Consejería de Obras Públicas de Murcia había declarado la resolución del contrato.
Acciones legales
Ante esta decisión, Sacyr avanzó que se reserva "cuantas acciones le correspondan en derecho para defender sus legítimos intereses", según indicó a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Entre dichas medidas, la compañía no descarta impugnar la decisión de rescisión del Gobierno de Murcia y solicitar que se reintegren a la sociedad concesionaria "los fondos que han sido necesarios para la ejecución de las obras y de las instalaciones, y de la obtención de los permisos solicitados hasta la fecha".
Además, Sacyr analiza la posibilidad de reclamar una "indemnización por todos los daños y perjuicios ocasionados".