El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa presentará esta semana un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la fianza impuesta por el juez Pablo Ruz, según anunciaron a Europa Press en fuentes cercanas al empresario.
En concreto, según las mismas fuentes, la defensa de Fernández de Sousa considera que dicha fianza no se justifica ni por la causa, ni por lo prematuro del momento, ni por la cuantía, que está basada únicamente "en lo que dicen los querellantes sin escuchar a los querellados".
El recurso ante la Audiencia Nacional está basado en los argumentos que figuran en el escrito de oposición a la solicitud de medidas cautelares que había presentado la Fiscalía a finales de julio.
En dicho escrito de oposición, al que tuvo acceso Europa Press, la defensa del expresidente recuerda que en un auto del mes de mayo se indica que las medidas cautelares se adoptarían "a partir del momento en el que obren en el procedimiento la totalidad de los datos que permitan acudir a una estimación razonada y congruente", para apuntar que "no parece que obren todavía la totalidad de los datos, cuando ni siquiera los imputados han prestado declaración".
El escrito argumenta asimismo que "el supuesto perjuicio de los accionistas no puede ser valorado ni siquiera en teoría en tanto que la cotización de Pescanova continúe suspendida".
Además, apunta que desde el auto donde se negaron las cautelares hasta la fecha tampoco ha habido "novedad significativa, más allá del informe de KPMG sobre Pescanova", si bien la defensa del expresidente considera que este informe "no aporta novedad en lo relativo a la posible cuantificación de los perjuicios", al estimar que "el importe de la deuda de la empresa ya estaba anticipada en el hecho relevante remitido a la CNMV en marzo de 2013".
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto fianzas que suman los 1.200 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a una decena de altos cargos de Pescanova y seis sociedades ligadas al grupo alimentario, a los que se imputa la comisión de delitos de falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica, uso de información relevante, estafa y falsificación de facturas.
Entre ellos, se encuentra el expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, que deberá depositar 178,8 millones de euros. Por su parte, los consejeros Alfonso Paz Andrade y José Antonio Pérez Nievas tendrán que entregar 125 y 54,7 millones de euros, respectivamente.