La evolución que han registrado las cuentas públicas desde que estalló la crisis económica, a mediados de 2007, muestra una imagen muy alejada de la austeridad que, en teoría, preside la gestión presupuestaria en España. Así, las comunidades autónomas (CCAA), en donde se concentra el grueso de los servicios públicos básicos, han aumentado su gasto público en cerca de 30.000 millones de euros durante este período, un 20% más con respecto al pico de la burbuja crediticia e inmobiliaria, cuando las arcas públicas se llenaban sin necesidad alguna de subir impuestos. De hecho, el denominado gasto social ha crecido en 7.800 millones durante la crisis (7%), básicamente en Sanidad y Educación (6.500 millones extra).
Asimismo, el personal al servicio de los gobiernos regionales, lejos de reducirse, se ha incrementado en más de 32.000 personas desde mediados de 2007, hasta un total de 1,57 millones, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), al tiempo que la denominada administración paralela (empresas y entes públicos) se ha mantenido prácticamente intacta desde que comenzaron las dificultades económicas y fiscales. Como consecuencia, si bien el gasto autonómico ha experimentado algunos recortes en 2012, los datos revelan que su tamaño sigue siendo superior al del inicio de la crisis, desmontando así la supuesta austeridad.
En este sentido, destaca especialmente la oleada de protestas que ha protagonizado en los últimos meses el personal público adscrito al ámbito de la Sanidad y la Educación, servicios básicos cuyas competencias son ejercidas por las autonomías. Movimientos como el de la Marea Blanca o las Camisetas Verdes han liderado este tipo de manifestaciones, sobre todo en la Comunidad de Madrid, para denunciar la política de recortes que, supuestamente, sufren sus respectivos sectores. Sin embargo, una vez más, las cifras no avalan tal discurso, más bien al contrario. Y es que, las autonomías no sólo destinan más dinero a Sanidad y Educación que al comienzo de la crisis sino que, además, han aumentado el número de empleados públicos dedicados a dichos servicios.
El último Boletín de Personal Público, correspondiente a enero de 2013, refleja esta evolución. Cabe señalar que dichas cifras, elaboradas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no coinciden del todo con el empleo público que recoge la EPA, ya que no se incluye el personal de las empresas públicas, universidades y otros entes paralelos, pero sí detalla el personal adscrito a cada Administración y servicio público básico.
Así, las CCAA ocupaban el pasado enero a un total de 1.307.343 personas destinadas a consejerías y organismos, educación no universitaria, sanidad, justicia y seguridad.
Esto significa 47.000 empleados autonómicos más que en enero de 2007, poco antes de que estallara la crisis, lo que equivale a un aumento del 3,7%. Sin embargo, su evolución ha variado en función de cada servicio:
- Consejerías y organismos autónomos ocupan a 17.228 trabajadores menos desde enero de 2007, lo que implica un recorte del 7,2%.
- El personal destinado a Educación no universitaria ha aumentado en 13.911 personas, un 2,7% más.
- En Sanidad, el aumento es de 39.797 efectivos (8,8%).
- Seguridad ocupa a 4.543 personas más (20,8%).
- Y Justicia a 5.745 extra (18%).
El siguiente cuadro recoge el volumen de efectivos de cada autonomía a enero de 2013 en función de los distintos servicios públicos:
En total, Sanidad y Educación ocupaban a 1.020.248 empleados públicos el pasado enero, el 78% del personal autonómico total, según los datos de Hacienda. De este modo, las CCAA cuentan hoy con 53.708 efectivos más destinados a estos servicios que en enero de 2007, ejercicio en el que España alcanzó su cénit económico. Es decir, los gobiernos regionales han aumentado un 5,6% su personal en Educación y Sanidad a pesar de los graves problemas económicos y financieros. Así pues, este dato desmonta el principal argumento de las protestas en contra de los recortes, ya que dicha austeridad no se ha producido durante la crisis.
Por otro lado, la evolución por autonomías muestra que las únicas que han reducido, mínimamente, su personal en Sanidad y Educación durante este período han sido Andalucía y La Rioja, en apenas 8.000 (-4%) y 200 (-2,7%) empleados, respectivamente. El resto de regiones, por el contrario, ha incrementado sus plantillas desde 2007, destacando especialmente las siguientes:
- Balares: 5.786 empleados extra (31,2% más desde enero de 2007).
- Navarra: 2.456 (17%).
- Castilla-La mancha: 6.588 (13,9%).
- País Vasco: 6.116 (13,9%).
- Cataluña: 11.133 (11,3%).
- Murcia: 3.131 8,5%.
- Valencia: 8.529 (8,3%).
Extremadura, líder en empleo público
Por último, si se toma como referencia el empleo público total que recoge la EPA en el segundo trimestre (incluyendo Gobierno central, autonomías, sector local, empresas públicas y universidades), España cuenta con un total de 2,84 millones de trabajadores dependientes de la Administración, apenas 32.000 menos que a mediados de 2007, una reducción mínima del 1% durante la crisis.
Sin embargo, puesto que la destrucción laboral ha sido muy intensa en el sector privado (han desaparecido más de 3,5 millones de empleos), el peso del empleo público en el mercado laboral ha crecido desde el 14,1% de los ocupados en 2007 al 16,9% en 2013.
La región que acumula un mayor número de trabajadores públicos es Andalucía (493.200), seguido de Madrid (436.900), Cataluña (374.400) y Valencia (246.300), ya que son las que tienen más población. La clave, por tanto, radica en comparar el peso del empleo público sobre la ocupación total. Así, las autonomías con mayor ratio de trabajadores dependientes de las arcas públicas son, por este orden, Extremadura (27,5% de los ocupados), Castilla-La Mancha (20,5%), Castilla y León (20,5%), Asturias (19,8%) y Andalucía (19,1%).
