El gasto total de las comunidades autónomas no sólo ha aumentado un 20% en plena crisis, casi 30.000 millones de euros extra entre 2007 y 2012, sino que, además, los gobiernos regionales han mantenido casi intacto el enorme tamaño de su administración paralela, compuesta por empresas, fundaciones y entes públicos de todo tipo. No en vano, los entes autonómicos ascendían a 2.114 el pasado enero frente a los 2.182 a principios de 2007, apenas una reducción del 3% (68 entidades) durante los años de crisis. Y ello, a pesar de la histórica tormenta de deuda pública que ha sufrido España, los planes de austeridad a los que se han comprometido las autonomías y los rescates indiscriminados de regiones aplicados por el Gobierno central. Todo ello demuestra que, por desgracia, la austeridad pública, y especialmente autonómica, sigue siendo la principal tarea pendiente de España para poder salir de la crisis y, de este modo, acometer la recuperación económica sobre bases sólidas.
El Ministerio de Hacienda insiste en que la prometida reordenación del sector público regional marcha por buen camino y, por tanto, se alcanzarán las metas exigidas. Sin embargo, la credibilidad de Cristóbal Montoro en éstas y otras muchas materias deja mucho que desear. Lo cierto es que a fecha de 1 de enero de 2013, las CCAA tan sólo han reducido 248 entidades de las 515 previstas, incumpliendo así su compromiso. El Gobierno matiza que el resto están ya en proceso de extinción, pero lo relevante es que los ajustes prometidos, una vez más, no han sido satisfechos en tiempo y forma. Además, Hacienda destaca que ha ampliado el objetivo inicial a 734 entes, con el fin de reducir el número de entidades regionales hasta un total de 1.628. El problema es que si los gobiernos autonómicos han tardado dos años y medio en liquidar 248 entes, da miedo pensar lo que les costará desprenderse de los 500 restantes que han prometido.
Se trata de una tarea muy complicada si, sobre todo, se tiene en cuenta la política de mano blanda ejercida por Montoro con las autonomías más díscolas y despilfarradoras, Así, lejos de sancionar e incluso intervenir las regiones que han incumplido de forma reiterada los objetivos de déficit, sin atenerse un ápice a los ajustes de gasto requeridos, Hacienda ha optado por mirar hacia otro lado y, lo que es peor, recompensarlas con la fijación de metas diferenciadas de déficit y una constante inyección de dinero estatal para evitar su quiebra, como bien evidencia el sangrante caso de Cataluña. Precisamente, esta comunidad, lejos de reducir sus numerosos entes, ha creado cerca de 30 nuevos organismos entre enero de 2007 y enero de 2013.
Así pues, los datos muestran que el sistema autonómico sigue siendo un campo abonado para el despilfarro de dinero público, siendo su enorme enjambre de empresas, fundaciones y consorcios el mayor exponente, sin duda, de los abusos que cometen las regiones sobre el sufrido contribuyente. Pese a ello, la responsabilidad última de tal despropósito no recae tanto en las autonomías como en el Gobierno central, ya que éste dispone de los instrumentos jurídicos necesarios para cortar de raíz este problema, reformando tanto el actual modelo territorial como su financiación y forzando la reducción del elefantiásico sector público autonómico a su mínima expresión.