España sigue contando con un sistema autonómico totalmente insostenible, tanto financiera como políticamente. Sin embargo, el Gobierno lleva meses vendiendo a la opinión pública una imagen irreal y distorsionada de la realidad, enfatizando unos esfuerzos de consolidación fiscal que, en el fondo, son inexistentes. La evolución que han registrado las cuentas regionales durante la crisis demuestra que, lejos de aplicar drásticos recortes públicos para aligerar sus sobredimensionadas estructuras, el gasto público ha aumentado pese a las dificultades económicas y el desplome de la recaudación fiscal. En concreto, las comunidades autónomas gastaron 186.474 millones de euros en 2012, casi un 20% más que en 2007 (unos 30.000 millones), en pleno pico de la burbuja inmobiliaria. Además, sus ingresos han aumentado un 9% durante este período, hasta rondar los 168.000 millones de euros el pasado año.
La frialdad de estas cifras pone de manifiesto, una vez más, las insistentes falacias que giran en torno a los presupuestos autonómicos. La primera, y más importante de todas, es que el volumen de gasto público que manejan las regiones no sólo no ha bajado un ápice sino que se ha disparado durante la crisis. Hoy por hoy, las comunidades autónomas gastan más dinero público que en pleno boom económico, desmontando así la supuesta austeridad y la drástica política de recortes que tanto gusta denunciar a la izquierda. La tan cacareada reducción presupuestaria brilla por su ausencia en el ámbito de las Administraciones Públicas y, especialmente, en el autonómico.
En segundo lugar, cabe recordar que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se escudó en una consolidación fiscal que, en realidad, no existe para tratar de justificar la aplicación de su polémico déficit a la carta durante 2013, por el cual se premia a las comunidades más incumplidoras, y en especial a Cataluña, en perjuicio de las más austeras y responsables, como es el caso de Madrid. No hay excusa ni razón alguna para aplicar semejante injusticia, ya que las cifras demuestran que el despilfarro sigue siendo la tónica dominante en la gestión territorial, y ciertas autonomías se aprovechan del discurso falaz de los recortes para seguir engordando su estructura a costa del dinero de todos los españoles. Por si fuera poco, tampoco se sostiene la falacia relativa a que los recortes pueden dañar el crecimiento de las regiones que presentan un mayor déficit. Y la prueba, nuevamente, es Madrid, la primera región que ha logrado salir de la recesión, cumpliendo escrupulosamente los objetivos de déficit y sin subir un solo impuesto. Que algunas autonomías sigan gastando mucho más de lo que ingresan tras más de un lustro de crisis prueba la irresponsabilidad y demagogia que reina en el modelo autonómico.
Así pues, el análisis de las cuentas regionales no deja lugar a dudas. El Estado autonómico, uno de los problemas estructurales más importantes que sufre España, es hoy mayor que antes de la crisis, lo cual ha sido posible gracias a la connivencia del bipartidismo político: el PSOE, primero, permitiendo e incluso alentando el descomunal descuadre de las cuentas autonómicas hasta 2011; y el PP, después, rescatando de forma incondicional comunidades insolventes sin intervenir antes sus cuentas.