La subida de la morosidad bancaria, que en junio alcanzó el máximo histórico de 11,6%, nunca es una buena noticia, pero en una crisis como la que padece la economía española ese incremento se convierte en un problema muy preocupante, en especial por una razón de la que hasta ahora no se ha hablado. Los comentarios a esta noticia se han centrado en el impacto tan negativo que puede tener ese dato para la recuperación, ya que obliga a los bancos a tener que seguir realizando provisiones con sus escasos recursos en vez de invertirlos en esos créditos que tanto se necesitan para reactivar el consumo y la inversión. De esta forma, la tan ansiada recuperación económica muy posiblemente se va a hacer esperar hasta 2014, cuando menos, entre otras razones porque una de las causas del incremento de la tasa de morosidad es el elevadísimo nivel de desempleo que sufre la economía española, un volumen muy alto de paro que no se va a reducir de manera sensible ni en los próximos meses, ni en los próximos años, con lo que los bancos y cajas de ahorros no podrán bajar la guardia en materia de riesgos.
Hay, sin embargo, otro efecto económico de la morosidad del que no se está hablando y que, posiblemente, es aún más importante si cabe que el citado anteriormente. Su origen se encuentra, también, en la contracción del crédito a que da lugar la necesidad de tener que realizar más provisiones ante los posibles fallidos en los créditos concedidos por los bancos y cajas de ahorros. Esa contracción del crédito implica, en sí misma, una reducción del dinero en circulación y, de la misma forma que un aumento de la cantidad de dinero puede provocar inflación, una reducción de la misma a lo que da lugar es a un proceso deflacionista o de bajada de precios. Es posible que la economía española en estos momentos esté ya sufriendo dicho proceso, a pesar de que el IPC siga creciendo porque los aumentos del mismo vienen explicados por las subidas de impuestos, de los precios públicos y de las tarifas eléctricas, lo que ocultaría la reducción de precios de muchos bienes y servicios. Pues bien, para una economía como la española, cuyo crecimiento depende tanto del consumo privado, la deflación es una muy mala noticia ya que supone bajadas de precios y de márgenes empresariales que, a su vez, presionan los salarios a la baja. Si todo quedara ahí, el problema sería menor. Lo grave es que, en este contexto, las deudas de las familias, que apenas se han reducido, pesan cada vez más sobre los ingresos totales de las mismas, lo que da lugar a nuevas reducciones del consumo, con lo que se impide salir de la crisis, o a nuevos impagos que incrementan la tasa de morosidad y, de esta forma, vuelven las presiones deflacionistas. De hecho, estos círculos viciosos pueden llevar a la economía española a sufrir un largo periodo de estancamiento, como le sucedió a Japón tras el estallido de su burbuja inmobiliaria en 1990. De ahí que sean necesarias tanto la reforma laboral como la reducción drástica del gasto público, con el fin de poder bajar impuestos, con el fin de evitar este escenario.