España es un país difícil y complejo para abrir nuevas empresas y desarrollar una actividad productiva, lo cual supone un importante lastre, no sólo para la competitividad económica del país, sino también para su potencial crecimiento y creación de empleo. Según el informe Doing Business 2013, en donde el Banco Mundial mide la facilidad para hacer negocios en un total de 185 economías, España no ha dejado de perder posiciones durante la presente crisis.
En concreto, ocupa el puesto 44 del ranking internacional en cuanto a la facilidad para desarrollar una actividad empresarial, y dentro de este índice global destaca muy negativamente en la apertura de negocios (puesto 136), protección de los inversores (100), obtención de electricidad (70) o cumplimiento de contratos (64). Por poner un ejemplo, en España es preciso realizar una media de 10 procedimientos para instalar una empresa, frente a los 5 de la OCDE, y se tardan 28 días, frente a los 12 de media en la OCDE, 15 en Alemania, 13 en Reino Unido, 7 en Francia o 6 en Italia.
Estas disfunciones propias de la economía española se deben, básicamente, a la fragmentación de unidad de mercado y al exceso de cargas administrativas, según señala la CEOE en su reciente informe Las reformas necesarias para salir de la crisis. "Es necesario ser conscientes de que la excesiva burocracia, la complejidad procedimental y la ausencia de coordinación entre administraciones suponen para la actividad productiva un esfuerzo y un coste que lastran la creación de empleo y la generación de actividad económica tan necesaria para salir de la crisis", advierte la patronal de empresarios. Y añade que "un mercado cohesionado y competitivo depende, fundamentalmente, de su unidad y del establecimiento de un conjunto de normas coherente y efectivo capaz de impedir y, en su caso, eliminar aquellos elementos jurídicos que socaven principios básicos para la libertad de empresa y la economía de mercado".
Sin embargo, este extremo no parece ser el caso de España a la vista de la hipertrofia regulatoria que ostentan las Administraciones Públicas. Basta observar el número de normas que se aprueban cada año: sólo en 2011, y sin contar la Administración Local, se adoptaron 2.896 normas a nivel estatal y 10.261 a nivel autonómico, sumando más de 13.000 leyes en total; además, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un total de 151.133 páginas el pasado año, que, unidas a las 715.009 páginas de Diarios y Boletines Oficiales de las comunidades autónomas, hacen un total de 866.142 folios de normativa.
Es decir, en plena crisis, Gobierno y CCAA legislaron a un ritmo de 13.000 normas y casi 900.000 páginas al año. Y ello, sin contar la normativa local o la intensa burocracia de la UE -Bruselas aprueba una media de 18 normas al día, más de 6.500 al año-.
Por otro lado, la ya de por sí colosal actividad legislativa se ve agravada por un complejo ámbito de competencias administrativas que, en la práctica, se traduce en un mercado fragmentado a nivel nacional, lo cual dificulta aún más el desarrollo de la actividad empresarial en España. Según la CEOE, existen al menos 124 obstáculos normativos a la unidad de mercado. Para solucionar o, al menos, solventar parte de estos problemas, la patronal propone, entre otras, las siguientes medidas:
- Acelerar la aprobación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para evitar el exceso regulatorio y la dispersión legislativa, eliminar trabas, simplificar normas y mejorar la coordinación entre Administraciones Públicas.
- Establecer un principio de licencia única y de aceptación de legislación en origen, de modo que una empresa pueda operar en todo el territorio nacional sin necesidad de cumplir con trámites adicionales.
- Revisar la legislación vigente para, por un lado, eliminar las normas obsoletas, innecesarias o duplicadas y, por otro, suprimir la normativa contraria al principio de unidad de mercado.
- Reducir un 50% las cargas administrativas en 2016, tomando como referencia el nivel existente en 2006.