El Gobierno, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha aprobado un acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) para 2013, cuya dotación se vinculará más a los resultados obtenidos y cuya finalidad es mejorar la coordinación entre los servicios públicos de empleo autonómicos y el Servicio Público de Empleo Estatal en esta materia.
Asimismo, el PAPE tiene como objetivo mejorar la evaluación y eficiencia en el gasto de las mismas. Según la ministra, la situación actual hacía imprescindible mejorar la coordinación entre las distintas administraciones implicadas, para conseguir una mayor eficacia en la utilización de los recursos destinados a facilitar la inserción laboral de los trabajadores desempleados en el mercado laboral.
En concreto, el nuevo modelo propone la vinculación de unos objetivos comunes para todo el Sistema Nacional de Empleo a sus indicadores de seguimiento, la flexibilidad en los instrumentos para su consecución, compatible con el mantenimiento de unos servicios comunes para todo el territorio, y en la distribución de fondos públicos en función de resultados.
El PAPE 2013 contiene un total de 350 medidas y acciones, a desarrollar bien por las CCAA o bien por el SEPE (o ambos), que incluyen tanto las medidas que se financiarán con fondos estatales como las que se desarrollarán con cargo a recursos económicos propios de las CCAA Estas medidas y acciones en algunos casos son comunes para todo el territorio nacional y en otros son específicas de cada comunidad autónoma.
El PAPE 2013 recoge los objetivos comunes para todos los Servicios Públicos de Empleo que, conforme al nuevo modelo de políticas activas, incluyen 29 objetivos estructurales y 4 estratégicos, tal y como se acordaron durante la Conferencia Sectorial.
Por último, la evaluación del PAPE requiere el desarrollo de indicadores que midan la consecución de los resultados y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Por ello, el PAPE 2013 incorpora un completo sistema de 22 indicadores que se han elaborado sobre la base de la participación activa de las CCAA.