Poco más de un año, eso es lo que ha durado en la práctica la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria impulsada por el propio Ministerio de Hacienda, una de las medidas estrella aprobada por el Gobierno del PP en la primera mitad de 2012 para reforzar la credibilidad de las cuentas públicas españolas. El déficit a la carta acordado el miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) viola de forma explícita el espíritu y la letra de dicha ley, ya que, lejos de corregir y sancionar los incumplimientos fiscales de las CCAA, premia a las autonomías más despilfarradoras a costa de perjudicar a las más austeras.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha impuesto un reparto asimétrico de los objetivos de déficit entre las distintas CCAA para 2013 en función de sus respectivos desequilibrios presupuestarios, tal y como reclamaban varias regiones, en lugar de aplicar el límite único y común vigente hasta el momento. Si bien se trata de una medida excepcional, exclusiva para el presente ejercicio, constituye un peligroso precedente que, además, vulnera la nueva normativa estabilidad presupuestaria, tal y como ha denunciado la propia Comunidad de Madrid, única región gobernada por el PP que votó en contra del déficit a la carta.
Así, si bien el déficit autonómico global queda fijado en el 1,3% del PIB para 2013, las cinco CCAA que cerraron 2012 con un descuadre superior al autorizado (1,5% del PIB) también podrán incumplir dicho objetivo este año. Es decir, el Gobierno permitirá a las autonomías más incumplidoras (Valencia, Murcia, Andalucía, Cataluña y Baleares) registrar un déficit superior al 1,3% de su PIB regional. Valencia, que el pasado año presentó un déficit del 3,52%, podrá cerrar este ejercicio con un descuadre del 1,6%; Murcia tendrá que reducirlo del 3,12% al 1,59%; Andalucía, del 2,04% al 1,58%; Cataluña, del 1,96% al 1,58%; y Baleares, del 1,8% al 1,47%.
Montoro se escudó en que, a pesar de dicho margen extra, estas CCAA tendrán que realizar un mayor esfuerzo fiscal que el resto para cumplir con el objetivo fijado en 2013, una reducción de entre el 18% y el 55%. En este sentido, afirmó que la implantación de objetivos individuales para cada región es una medida "equilibrada, sensata, justa, realista, adaptada a las circunstancias y positiva para cada comunidad y para el conjunto de España".
Según Montoro, "el tener en cuenta la situación presupuestaria y financiera de cada comunidad no es premiar a las que lo han hecho peor durante estos últimos años y perjudicar a las que lo han hecho mejor, sino considerar la realidad heterogénea de la situación de partida de cada comunidad autónoma para fijar unos objetivos de estabilidad que sean realistas, alcanzables a la vez que exigentes, y que no contribuyan a ahogar o a deprimir más la situación de algunas economías regionales".
Castiga a las CCAA que cumplen
Sin embargo, lo cierto es que conceder un mayor margen fiscal a las regiones más incumplidoras exige imponer un mayor ajuste a las más austeras ya que, en lugar de atenerse al límite global del 1,3%, tendrán que registrar un déficit inferior a dicho objetivo. La única que sale beneficiada, al menos parcialmente, es Extremadura, la región con menor déficit en 2012 (0,7%), puesto que se le permite excepcionalmente tener un déficit mayor en 2013, hasta el 1% de su PIB.
Lo más grave, sin embargo, es que el déficit a la carta contradice los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada hace poco más de un año. Según dicha normativa, el Gobierno debe formular una advertencia a las CCAA cuando aprecie el riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad, de deuda o de la regla de gasto público; tras esta advertencia, la administración responsable debe tomar medidas en el plazo de un mes para corregir la situación, y, de no hacerlo así, o bien en el caso de que Hacienda considere que dichas medidas no son suficientes, el Gobierno podrán imponer algunas de las medidas coercitivas previstas en la Ley.
En concreto, la aparición de desviaciones fiscales obliga a presentar un Plan Económico Financiero (PEF) y planes de reequilibrio (PR) que incluyan medidas fiscales para alcanzar los objetivos de déficit previstos. Según la ley, Hacienda realizará un seguimiento de tales planes y en caso de que detecte incumplimientos podrá requerir a la autonomía su corrección mediante la no disponibilidad de créditos, la aplicación de sanciones económicas, multas y, en última instancia, el envío de una delegación de expertos a la región para imponer un estricto programa de ajustes, es decir, la polémica intervención de las cuentas autonómicas.
Sin embargo, ahora, tal y como ha recordado el consejero de madrileño de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, el acuerdo del CPFF convierte la Ley de Estabilidad Presupuestaria "en papel mojado". No en vano, ¿para qué sirve la ley si el objetivo de déficit se fija premiando a las que incumplen?, se pregunta. "El ministro antes decía que intervendría comunidades que no cumplían y ha pasado a decir que hay que darles más objetivo de déficit", lo cual contradice la Ley de Estabilidad, aclara.
Valga como ejemplo el caso de Cataluña, que, pese a ser la autonomía que ha recibido la mayor asistencia financiera del Estado -cerca de 20.000 millones de euros en dos años-, gozará este año de un mayor margen presupuestario para seguir registrando un déficit público muy superior al objetivo global, justo al revés de lo que sucede con la Comunidad de Madrid.