A los más de 1.400 millones de euros irregularmente manejados por la Junta de Andalucía, y a los casi 200 millones de euros robados por intermediarios, comisionistas y cargos de la Junta, hay que añadir ahora otros 84 millones de euros que han sido pagados por el Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo del Estado, para hacer frente a los compromisos adquiridos para asegurar la renta de los prejubilados del caso ERE, un coste adicional sorpresa para todos los ciudadanos derivado de la rama aseguradora de la trama. Desde este mes de julio y a la vista de los autos judiciales, se ha decidido suspender los pagos.
Fue la decisión de la Junta de Andalucía de suscribir coberturas de seguro de los pagos y que fueran las aseguradoras las que libraran las rentas a los prejubilados, la que está en el origen de estos pagos. La Junta eligió como intermediarios a Uniter y a Vitalia –pese a que ésta última no disponía de licencia para ello, según la investigación judicial– y llegó a pagar las comisiones insólitamente altas de hasta el 30 por ciento por su labor, que la juez Alaya ha calificado de "abusivas" e incluso de "saqueo de las arcas públicas".
La Junta empleó para la adjudicación de estos encargos a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía –IDEA- que no aplicó las normas más estrictas de licitación pública. Los intermediarios calculaban el coste global de los ERE y, en particular, de cada prejubilado, fijaban un calendario de pagos y elegían a la "mejor" compañía aseguradora para realizar la operación, llevándose una suculenta comisión muy superior a la fijada por los mercados.
Pero al final una parte de estas rentas ha tenido que ser abonada por este organismo público estatal que se financia a través de las pólizas de seguros que pagan todos los ciudadanos del país por la quiebra de alguna de estas aseguradoras.
Informa El Mundo que el Consorcio de Compensación de Seguros, el organismo adscrito al Ministerio de Economía, se ha visto obligado a pagar hasta ahora 84 millones a beneficiarios de los polémicos ERE entre enero de 2010 y el pasado junio.
Uniter eligió como compañía aseguradora a Generali, una compañía sólida y sin riesgos, pero Vitalia escogió a la posteriormente quebrada Fortia, afincada en Cataluña y supervisada por la Generalidad catalana, que se llevó la parte del león de la Junta andaluza.
Al quebrar Fortia, el Consorcio de Compensación de Seguros, que actúa como fondo de rescate, tuvo que asumir el pago de los ERE andaluces asegurados por Fortia forzado por la legislación vigente. La titular de Economía en la época era Elena Salgado.
En marzo de 2010, durante la etapa Zapatero, el Consorcio presentó una denuncia en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona contra los antiguos administradores. Al presentar ahora un escrito para instar a la quiebra fraudulenta de Fortia, el proceso entra en fase penal. Fortia traspasó irregularmente parte de su negocio a la belga Apra Leven, que también quebró.
Alaya los acusa de saquear las arcas públicas
Alaya acusó a los ex directivos de Uniter, José González Mata, y de Vitalia, Eduardo Pascual y María Vaqué, de "saquear las arcas públicas" y los envió a prisión bajo fianza de 600.000 euros cada uno. Según Alaya, la consejería de Empleo de la Junta "autorizó la entrega de elevadísimas sumas de dinero público a aseguradoras de dudosa solvencia como Apra Leven o Fortia Vida, aseguradora que además carecía de autorización para operar fuera de Cataluña, pese a lo cual permitió que se suscribieran numerosas pólizas de prejubilación (...) cuyas primas iban a ser abonadas por la Junta de Andalucía, permitiendo también la intervención de mediadoras como Vitalia, que además de cobrar de la Junta de Andalucía incomprensiblemente esas elevadísimas comisiones, no tenía autorización para operar como correduría de seguros, pese a lo cual llevó la gestión de una gran parte de las prejubilaciones".