El Consejo de Política Fiscal y Financiera concluyó con el establecimiento de un déficit a la carta, tal y como se había venido sugiriendo desde hace tiempo por parte del Ministerio de Hacienda. Finalmente, las regiones cumplidoras tendrán que compensar este año con mayores esfuerzos el exceso de déficit de las que se han mostrado incapaces de controlar los dispendios en su presupuesto autonómico. Así, las cinco regiones menos disciplinadas en 2012 (Valencia, Murcia, Cataluña, Andalucía y Baleares) podrán incurrir en mayores desequilibrios en sus cuentas que el resto de autonomías que sí alcanzaron sus objetivos.
La decisión de Cristóbal Montoro de tratar desigualmente a los distintos gobiernos autonómicos supone un agravio para los ejecutivos que cumplen y un premio inmerecido para los que despilfarran. Mal puede apelar el ministro a la vigencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria como instrumento regulador de las finanzas públicas, cuando en lugar de hacer uso de las sanciones previstas en caso de incumplimiento de los compromisos financieros prefiere otorgar un trato ventajoso a los gobiernos que incurren en esa infracción.
El ejemplo de Cataluña es paradigmático de la arbitrariedad del responsable de Hacienda, puesto que se trata de una comunidad autónoma que cuenta ya con una financiación más que ventajosa a causa de lo dispuesto en su nuevo Estatuto, cuyos beneficios destina a pagar las iniciativas más variadas de su proyecto separatista en lugar de dedicarlos a sostener unos servicios públicos cada vez más deteriorados a causa de esa peculiar escala de prioridades.
Caso opuesto es el de Castilla-La Mancha, que ha demostrado que el estado de las cuentas autonómicas antes de que el Gobierno exigiera reducir el déficit no supone un impedimento a la hora de ajustarse el cinturón. Cospedal heredó del último Ejecutivo socialista el mayor déficit de todas las autonomías y, pese a ello, consiguió ajustarse a las exigencias del Gobierno, de manera que para este año tendrá como límite de déficit exactamente la media aprobada para el conjunto del Estado Autonómico, el 1,3% de su PIB regional. No existe excusa para que Valencia, Murcia, Cataluña, Andalucía y Baleares no hicieran lo mismo en 2012, como no la hay para permitirles ahora un endeudamiento mayor.
Mención aparte merecen las invectivas que Montoro dedicó a la comunidad de Madrid al término de la reunión por su justificado voto en contra de esta componenda arbitraria. Según el ministro de Hacienda, "así no se hace país", un argumento que bien podría haber dirigido a las autonomías que usufructan los esfuerzos de sus vecinas para seguir con su actual ritmo de gasto, y que recuerda peligrosamente al calificativo de "antipatriotas" que Zapatero repartía al comienzo de la crisis.
Como el propio Cristóbal Montoro señaló en su comparecencia, la tarea del Gobierno de la nación es "coordinar", lo que implica necesariamente tratar a todas las instituciones públicas con criterios de equidad. Son precisamente decisiones como la de ayer las que "no hacen país". Al contrario, ahondan las diferencias entre los territorios, tratando con injustificada benevolencia a aquellas autonomías que más se distinguen por ir en contra de los objetivos generales.