Tras meses de retraso, el Gobierno aprueba la reforma de la administración local, con la que prevé ahorrar unos 8.000 millones de euros. Este plan de racionalización contó, desde el principio, con la oposición seca de prácticamente todos los ayuntamientos, incluidos los del Partido Popular. Éste ha sido, de hecho, el principal motivo de demora. En principio, el plan de ajuste iba a estar listo en diciembre del año pasado; a partir de entonces, se dieron sucesivas fechas de aprobación que después tenían que retrasarse.
Previsiblemente será Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, el encargado de presentar el texto al término del Consejo de Ministros. La reforma pretende lograr la sostenibilidad y modernización de los ayuntamientos así como un mejor reparto de competencias, si bien queda por saber si se procederá a la eliminación de las mancomunidades, como quedaba especificado en el primer boceto.
Además, y a pesar de la jornada de luto nacional, el Gobierno carga de trabajo el penúltimo Consejo antes de las vacaciones estivales. Se aprueba la reforma de la ley de Tráfico y Seguridad Vial, que aumenta la cuantía de la multa por conducir bebido. En el capítulo económico, también se analiza el proyecto de ley de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.