A lo largo de las últimas semanas vienen acumulándose evidencias de que la crisis podría estar cerca de tocar suelo. La balanza de pagos, la evolución del desempleo, el índice de confianza del consumidor, el índice de producción industrial o la evolución de los ingresos presupuestarios son algunos de los indicadores que apuntan en esta dirección. El Banco de España, incluso, acaba de publicar que, según sus cálculos, la economía española redujo su ritmo de caída y se contrajo tan solo una décima en el segundo trimestre mientras que el proceso de destrucción de empleo se desacelera. Cabe pensar, por tanto, que, en efecto, después de tanto tiempo de caída libre la economía española puede estar a punto de tocar suelo, algo que, sin duda, debemos acoger de manera favorable.
Ahora bien, todo esto no implica, ni mucho menos, que ya se puedan empezar a echar las campanas al vuelo para celebrar la salida de la crisis. La economía no se rige por leyes como las de la física, ni es como una pelota que, al caer y tocar el suelo, rebota para subir. Todo lo contrario, la economía tiene sus propias leyes y ninguna de ellas dice que si la actividad productiva toca suelo este verano necesariamente tenga que venir a continuación la recuperación económica. Ese es el gran problema que hay que afrontar a partir de ahora.
Es cierto que el sector exterior está viviendo un buen momento, que muchas empresas están apostando por la exportación, a falta de demanda interna para sus productos y servicios, y que les está yendo bastante bien al respecto. Es cierto, también, que este año puede ser muy bueno tanto para el turismo como para la agricultura. Pero para crecer y crear puestos de trabajo se necesita mucho más que eso y el problema es que, con el sector de la construcción completamente destruido y con un sector industrial no muy importante y que trabaja, en general, en sectores tradicionales, de baja productividad, de escasa intensidad tecnológica y poca capacidad para invertir en investigación, y compuesto, fundamentalmente, por pequeñas empresas, la economía española se encuentra huérfana de motores que puedan proporcionar un fuerte impulso de salida de la crisis. Y, para complicar más las cosas, el fuerte endeudamiento familiar, los altos niveles de desempleo y las reducciones de salarios que tienen o han tenido lugar en los últimos años, junto con las subidas de impuestos, limitan la capacidad de gasto de los hogares, cuando el consumo privado representa aproximadamente dos terceras partes del PIB español y, en otras circunstancias, es una fuente muy importante de crecimiento económico y creación de empleo.
Este panorama de estancamiento, empero, puede cambiar si el Gobierno hace dos cosas. Si el Ejecutivo profundiza en la reforma laboral, se puede crear empleo; si se muestra más ambicioso en el ajuste presupuestario y, como derivada de ello, baja impuestos, el consumo y el empleo pueden reactivarse, al menos a ritmo moderado. Si, además, empieza a cerrarse la crisis del sector financiero y el crédito comienza a llegar a las familias y las empresas, se añadirá un nuevo impulso a la recuperación. Pero eso ya es cosa del Gobierno, que es quien tiene ahora la pelota sobre su tejado.