El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha afirmado este jueves que siente "vergüenza" y "dolor" por cómo "se ha jugado con el miedo" de los trabajadores de los astilleros a consecuencia de su decisión sobre el tax lease.
"Me duele ver cómo se juega con el miedo de gentes que no van a tener que devolver ningún dinero. He sentido vergüenza por cómo se manejaba ese miedo y se trataba de convertir a los trabajadores en los paganos de mi decisión", ha asegurado Almunia, que ha precisado que estas palabras no se refieren al Gobierno español, sino a la "campaña" que ha habido alrededor de este tema.
En declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press, el responsable europeo de Competencia ha subrayado que "se han exagerado hasta límites inimaginables" las consecuencias de su decisión de pedir a España que recupere las ayudas públicas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011.
Almunia ha insistido en que las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros, por lo que su decisión "no va contra el naval, sino contra quienes se beneficiaron indebidamente de las desgravaciones fiscales".
Preguntado por las críticas que está recibiendo desde España, Almunia se ha defendido diciendo que quienes arremeten contra él "ignoran totalmente" el papel de la Comisión Europea. "La ley europea es tan ley como la ley de un estado miembro. La legislación europea prevalece además sobre la de los Estados miembros, y, por tanto, hay que cumplir la ley y hay que saber y ser consciente de los riesgos que conlleva su incumplimiento", ha apuntado.
¿Habrá recurso?
Ante el posible recurso que podría presentar el Gobierno español contra la devolución de las ayudas, el vicepresidente de la Comisión ha señalado que "está en su derecho de hacerlo". "Otra cosa son los argumentos jurídicos que avalen cualquier recurso", ha precisado Almunia, que ha indicado que la decisión de Bruselas está basada en criterios jurídicos, "firmemente asentados" en el Tratado y en la jurisprudencia.
En este sentido, ha señalado que, a lo largo de los dos años que ha durado la investigación, siempre le ha dicho al Gobierno español "esto no es un trato ni una negociación política". "Es un expediente que se abre por posibles quiebras del ordenamiento jurídico y todo argumento jurídico ha sido sopesado hasta los últimos momentos", ha añadido.
Almunia ha insistido en que desde la Comisión se ha analizado "una y otra vez la jurisprudencia" y que gracia a eso han encontrado argumentos para pedir la devolución de las ayudas desde 2007 y no desde 2005, como se barajaba en un principio. "Hemos encontrado esos dos años de más dentro del edificio de la Comisión europea, no fuera", ha indicado el comisario, que ha explicado que los argumentos presentados por España "no contradecían las argumentaciones principales" de la Comisión.
El responsable de Competencia ha afirmado que, pese a todo lo que se ha dicho en las últimas semanas, el sector naval "no está en el banquillo", sino que es un sector con futuro, que puede beneficiarse de un sistema de apoyo financiero "perfectamente legal", avalado por la Comisión.
Almunia espera que ahora que la decisión está tomada, "todo el mundo se ponga a trabajar", y ha insistido en que es al Gobierno español, a través de Hacienda, a quien le corresponde recuperar unas desgravaciones "que son de todos los contribuyentes".