Bruselas ha anunciado este miércoles que el sector naval español tendrá que devolver las ayudas recibidas entre 2007 y 2011, calificadas de "ilegales" por Bruselas. En concreto, serán "sólo" los inversores que financiaron la construcción de los buques los que se hagan cargo del reembolso de las ayudas, pero no los armadores ni los astilleros.
El Secretario General de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), Manuel Carlier, ha valorado positivamente la decisión de la Comisión Europea, pero considera que es una mala noticia para los inversores. " Para nosotros es un mala noticia saber que el sector hermano de la construcción naval lo va a pasar mal, pero por otro lado, estamos contentos ya que excluye a los navieros", ha explicado en los informativos Esnoticia de esRadio. "Nos queda un sabor agridulce", añade.
Carlier reconoce que con la decisión de Bruselas será difícil que nuevos inversores se sientan atraídos por el sector naval español. "Hay inseguridad jurídica. Si nuestro Gobierno, con su propia firma, decide que esas ayudas son legales y luego se las retira, está creando inseguridad jurídica", asegura.
El Secretario General de ANAVE ha explicado que desde Noruega preguntaron a Bruselas, en el año 2009, si esas ayudas eran legales y la CE (entonces dirigida por una comisaria holandesa) respondió "que no había nada ilegal en esas ayudas". Curiosamente, el puesto de la comisaria holandesa lo ocupa ahora Joaquín Almunia, el responsable de que la CE no haya admitido los argumentos de los navieros españoles.
"Es normal que los comisarios europeos de un país no arrimen el ascua por sus respectivos países, pero lo que ha hecho Almunia va mucho mas allá porque no es que no haya adoptado una actitud a favor de España, sino que se mostrado claramente en contra", concluye.
No descartan tomar acciones
Por otro lado, la asociación de pequeños y medianos astilleros en reconversión, Pymar, ha afirmado en rueda de prensa que se reserva el derecho de tomar "todas las acciones legales pertinentes" ante la decisión.
El presidente de la asociación, Álvaro Platero, ha avanzado que "vamos a seguir peleando por mantener los empleos del sector, unas 87.000 familias que dependen de nosotros, así como por seguir siendo líderes mundiales en construcción naval en este tamaño de barcos".
Platero se mostró convencido de que el apoyo del Gobierno al sector "va a seguir siendo total", y confía en que con su labor "se pueda atenuar lo máximo posible los daños de esta resolución".
Desde el punto de vista positivo, resaltó que el sector cuenta con un nuevo esquema de tax lease "bendecido por la UE, que vamos a utilizar a tope y que el Gobierno nos va a ayudar a optimizar", tras dos años de sequía contratadora que le han hecho perder la construcción de unos 50 barcos.
Por su parte, la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, ha remarcado que la decisión "discriminatoria e injusta" de la Comisión Europea sienta un precedente en Europa para países que están siendo investigados como Holanda, Francia, Malta o Grecia.