En la vida, las cosas no suelen ocurrir por casualidad; en política, ni mucho menos. Esta reflexión viene a cuento de los problemas que está teniendo estos días España con la Comisión Europea con motivo de las ayudas a los astilleros. No creo que sea por casualidad que el comisario europeo de Competencia, que no es otro que el socialista Joaquín Almunia, decida abrir en estos momentos de máxima debilidad del Gobierno una causa contra el sector naval o, mejor dicho, contra las ayudas a quienes lo financian, que puede dejar en la calle a casi 90.000 personas, sin contar empleos indirectos, justo en los momentos más difíciles de la peor crisis económica de la España contemporánea. La batalla política ahora se libra en el sector naval.
Bruselas dice que los astilleros españoles se han beneficiado de las desgravaciones fiscales concedidas por el Gobierno a quienes han financiado sus actividades. Sin esa financiación, las empresas privadas de construcción naval hubieran tenido que afrontar muchos problemas e, incluso, su desaparición. Pero resulta que la normativa europea sobre el mercado único prohíbe cualquier tipo de ayuda pública que pueda distorsionar la competencia en su seno, ya sea una ayuda dineraria, ya sea en forma de beneficios fiscales, como es el caso que nos ocupa. Además, este tipo de ayudas a empresas deficitarias pueden acabar por convertirse en una forma de mantenerlas artificialmente con vida, en vez de en un estímulo para una reconversión que las vuelva competitivas. Por ello, la Comisión Europea está en contra de este tipo de políticas, que es como deben ser las cosas. Ahora bien, tampoco hay que ser más papistas que el papa y es preciso poner los pies sobre la tierra, porque parte de las razones por las que el naval español no es competitivo reside en elementos como el dumping que vienen haciendo desde hace años las empresas coreanas del sector, o en la prohibición en Estados Unidos del tráfico de cabotaje entre dos puertos del país si no es con embarcaciones construidas en astilleros estadounidenses. Eso también distorsiona la competencia y quien sufre las consecuencias son las compañías europeas. Bruselas debería tenerlo en cuenta.
Por otra parte, España viene llevando a cabo esta práctica desde 2005, cuando gobernaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pero entonces ni Almunia ni nadie dijeron nada. Almunia lo dice ahora, en el momento más delicado para el Gobierno y no creo que sea por casualidad. Se supone que los comisarios europeos son independientes y ni influyen ni se ven influidos por lo que suceda en sus respectivos países. Pero eso es la teoría, no la práctica. La práctica enseña que los comisarios suelen interferir en la vida de sus países de origen cuando les conviene por razones políticas. Este podría ser perfectamente el caso en estos momentos, porque lo de abrir ahora el expediente y, además, no aceptar que las entidades financieras devuelvan las ayudas de aquí a dos años parece todo un intento de ponerle al Gobierno las cosas mucho más difíciles de lo que ya las tiene, precisamente por la situación tan precaria en la que se encuentra actualmente. Claro que si el PP no estuviera como está, tampoco estaríamos hablando de este asunto.