El sector naval español tendrá que devolver parte de las ayudas que recibió entre 2007 y 2011. Así lo ha anunciado este miércoles la Comisión Europea. La noticia tiene una cara buena y una mala. El lado negativo son los 400 millones de euros que, aproximadamente, tendrán que pagar los inversores que se aprovecharon de las ventajas fiscales. Lo positivo es que esa carga está muy lejos de los 3.000 millones de los que se llegó a hablar en su momento.
De esta manera, lo que Bruselas ha decidido es que los inversores que financiaron la construcción de los buques entre 2007 y 2011 tendrán que pagar a la Hacienda española el dinero que se ahorraron en esos años. Estas ayudas no eran en forma de subvenciones, sino en forma de bonificaciones fiscales. Podría decirse que reducían su factura con el erario público a cambio de invertir en el sector naval. Ahora, la UE dice que ese tipo de instrumentos implicaban una ventaja injusta de los astilleros españoles respecto a los demás astilleros del resto de Europa, por lo que hay que devolver el dinero.
El vicepresidente de la CE y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha sido el encargado de anunciar la decisión oficial después de que el colegio de comisarios, el órgano decisorio del Ejecutivo comunitario, haya debatido su propuesta. Como decimos, la presión de los últimos días ha suavizado la propuesta inicial del vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde 2005. En cualquier caso, no cumple con las expectativas del sector, que teme que el castigo a los inversores aleje a estos de los nuevos proyectos.
La cifra
En este sentido, Almunia ha querido insistir en que esta decisión "no afecta a los navieros ni a los astilleros, sólo a los inversores". De hecho, la Comisión quiere asegurarse de que los que se han beneficiado de estas bonificaciones fiscales, "no podrán trasladar la devolución a terceros (que serían los astilleros)". Eso sí, no hay una cifra concreta acerca de la cuantía de las ayudas que habrá que devolver. Se habla de 400 millones de euros, pero corresponde al "Estado español determinar la cifra de las ayudas y quiénes deberán devolverlas".
"Quiero reiterar que nos referimos sólo a las ayudas ilegales que han recibido los inversores desde 2007 que no estaban comunicadas a la Comisión. El futuro de los astilleros dependerá de su potencial innovador y de su capacidad por atraer inversores y clientes", ha explicado.
El Ejecutivo comunitario considera que el régimen de ayudas español, que se puso en marcha en 2002 y nunca se notificó a Bruselas, vulnera las normas de la UE sobre ayudas públicas porque concedió una "ventaja selectiva" a sus beneficiarios respecto a los rivales. Atendiendo al "principio de seguridad jurídica", la Comisión ha decidido no pedir el reembolso de las ayudas concedidas entre 2002 y abril de 2007, fecha en la cual Bruselas declaró públicamente ilegal un sistema francés similar al español.
Los astilleros españoles, por contra, reclaman que la fecha que cuente para la devolución de las ayudas sea septiembre de 2011, cuando se publica oficialmente el Dictamen Motivado de la Comisión en el que se informa de la apertura del procedimiento. De hecho, en 2009, la propia comisaria de la Competencia (en aquel momento Nelly Kroes) informó de que no era necesaria "ninguna actuación adicional" en relación con las ayudas españolas, en lo que se considera una aprobación implícita del sistema. Si luego la Comisión ha cambiado de opinión, es injusto, creen los astilleros, que se pida la devolución de un dinero que los inversores creían que estaba perfectamente cubierto por la ley.
Los argumentos de la UE
En el comunicado en el que anuncia su decisión, la Comisión realiza un rápido resumen de sus argumentos. Básicamente, lo que viene a decir es que los inversores no tenían derecho a las ayudas fiscales, que debían restringirse a navieros y armadores. Respecto a la fecha, el Gobierno comunitario escoge abril de 2007 porque es el momento en el que se emitió la decisión sobre las ayudas fiscales francesas, muy parecidas a las utilizadas en España.
Además, Bruselas abre una puerta a la esperanza, puesto que en el comunicado reafirma que el nuevo esquema de ayudas aprobado en 2012 es plenamente legal. Esto es algo que los astilleros quieren destacar. De cara al futuro, la inversión en el sector está completamente respaldada por la UE y no hay ninguna posibilidad de que se produzca de nuevo un caso como éste.
Éstas son las principales conclusiones de la Comisión:
-
"Como consideración para el futuro, hay esquemas no selectivos de impuestos que fue aprobado por la Comisión en noviembre de 2012 y que puede ser usada, entre otras cosas, para financiar la industria naval. Este esquema es completamente compatible con la legislación europea y, así pues, provee a los inversores con toda la certidumbre que requieren".
-
"Las autoridades españolas deben determinar ahora, de acuerdo con la decisión de la Comisión, la cantidad de ayuda que debe ser recuperada de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) y sus inversores. La decisión de la comisión no permite a los beneficiarios pasar sus obligaciones de repago a terceras partes, incluso bajo los contratos existentes".
-
"El artículo 108 del TFEU afirma que la Comisión debe ser notificada de las ayudas de los estados con anterioridad a su autorización. Si un Estado miembro garantiza una ayuda en violación de esta regla, la Comisión puede decidir investigarla con vistas a determinar si esta ayuda es compatible con la legislación nacional".
-
"En el contexto del esquema español de tax lease, la Comisión discrepa con la aplicación a las AIE de las ayudas fiscales, que deberían aplicarse sólo a compañías de transporte marítimo, dentro de las líneas generales de ayudas estatales [al sector naval]. En resumen, los AIE y sus inversores se beneficiaron de una ayuda incompatible y que distorsionaba la competencia en el mercado único europeo".