Las subvenciones públicas sirven para mantener artificialmente a los sectores improductivos a costa del bolsillo de los contribuyentes; por eso en Libertad Digital siempre hemos defendido que son el peor sistema para ayudar a las empresas deficitarias a superar sus dificultades, puntuales o sistémicas. Ahora bien, considerando que la Unión Europea dedica la inmensa mayoría de sus fondos a incentivar artificialmente a los más amplios sectores de la actividad económica, resulta necesario exigir igualdad de trato, sobre todo cuando se trata de una industria subvencionada en diversos países miembros.
De manera sorprendente, el comisario de Competencia, el español y socialista Joaquín Almunia, ha decidido actuar de manera abiertamente discriminatoria en el asunto de las subvenciones a los astilleros, con grave perjuicio para los intereses de las empresas españolas, a pesar de que han actuado de manera similar a las del norte de Europa.
Almunia insiste en pedir la devolución de las ayudas, de hasta 3.000 millones, concedidas a los astilleros entre 2005 y 2011 mediante las bonificaciones fiscales del tax lease, un procedimiento para financiar la construcción de buques sobre el que la Unión Europea no dijo ni una sola palabra hasta la llegada del político español al cargo de comisario de la Competencia. Es más, la antecesora de Almunia llegó a asegurar al Gobierno noruego que el procedimiento adoptado por España era "plenamente compatible con las normas de la competencia en Europa", algo que el socialista español niega y además con efecto retroactivo, causando un daño irreparable a las empresas implicadas que puede llevar aparejado el desmantelamiento del sector.
De nada vale utilizar como excusa que la intención de la Unión Europea es que sean las entidades que financiaron la construcción de los barcos, y no los astilleros, los que devuelvan las ayudas concedidas, puesto que, como acertadamente ha señalado el presidente gallego, Núñez Feijóo, una medida de estas características dinamitaría la seguridad jurídica en el sector y acabaría con las posibilidades de encontrar financiación, sin la cual los astilleros no serán capaces de llevar a cabo ningún nuevo proyecto.
La petición elemental de las autoridades españolas de que se devuelvan las ayudas concedidas a partir de 2011, cuando la UE inició el expediente sancionador, ha encontrado también la oposición de un rocoso comisario Almunia, cuya contumacia en dañar los intereses de las empresas españolas, a falta de elementos de lógica jurídica, habrá que atribuir a su resquemor por el tremendo varapalo electoral que recibió en 2000, tras su alianza con los comunistas para intentar convertirse en presidente del Gobierno de España.
La UE se va a pronunciar el próximo día 17 acerca de este contencioso que tiene en vilo a todo un sector industrial, del que dependen casi cien mil puestos de trabajo. La sensatez y el rigor jurídico para evitar la retroactividad de una sanción improcedente y la no discriminación han de imponerse a la obstinación de un comisario cuya condición de español convierte en todavía más sangrante la cerrazón de la que viene haciendo gala desde que puso en su punto de mira a la industria naval de nuestro país.