Se acabaron las facturas en el cajón en la administración pública. Bueno, todavía no. Habrá que esperar al próximo 1 de enero de 2014. O, si no hay suerte, al 15 de enero de 2015. Pero de ahí no pasa. El Ministerio de Hacienda se ha puesto esa fecha límite. Afectará a la Administración Central del Estado, pero también a ayuntamientos y autonomías. Todos tendrán que ponerse las pilas.
El Consejo de Ministros ya ha enviado a las Cortes el Proyecto de Ley de Impulso a la Factura Electrónica. ¿Y en qué se traducirá este nombre tan rimbombante? Pues el que quiera minimizar su importancia considerará que sólo supone la creación de una nueva web en cada administración. Desde el Ministerio lo ven de otra manera: será el inicio de una nueva relación entre el sector público y sus proveedores. Sólo el tiempo dirá hasta dónde llega el impacto de la norma.
Un punto de entrada
Toda la ley gira en torno a un principio. Cada administración pública (y sus organismos autónomos) tendrá un único punto de entrada para la facturación, donde todos sus proveedores meterán sus recibos pendientes de pago:
- Por ejemplo, la Administración Central del Estado tendrá una web a la que tendrán que acceder todos sus proveedores, ya sean los del Ministerio de Defensa o los del Instituto Nacional de Consumo.
- Todos los pliegos de condiciones que publique un organismo público tendrán que tener el correspondiente código de facturación.
- De esta manera, cuando un proveedor quiera cobrar por sus servicios lo tendrá muy sencillo. Entrará en la web de la administración pública, meterá el código y será redirigido al registro contable del órgano correspondiente.
- En teoría, al llegar a este paso, será sencillo introducir los datos, porque habrá un formato "estructurado". Es decir, todos los órganos del Estado tendrán que cumplir con las mismas normas para la recepción de estas facturas.
- Y la información que introduzca el proveedor se enviará de forma directa al órgano de control (normalmente el interventor), que se esta forma estará encima del proceso de pago.
Según las cuentas del Gobierno, el ahorro podría llegar, con un cálculo prudente, a los 50 millones de euros al año, que se dividirán entre lo que deja de gastar el Estado y los trámites que se ahorran las empresas. Pero aún más importante es el cambio en la relación entre la administración y el sector privado que trabaja para ella. Desde Hacienda aseguran que la nueva ley generará "más transparencia, menos cargas burocráticas, más eficiencia, mejor control del gasto público, ahorro en los costes de tramitación y menos errores humanos".
Las fechas
La primera pregunta que se hace todo el mundo es cuándo estará esto operativo. Como decíamos al principio del artículo, se pondrá en marcha en dos etapas. El próximo 1 de enero de 2014 tendrá que estar operativo el registro contable. Es decir, todas las administraciones tendrán que comenzar a tramitar sus facturas con estas reglas.
En teoría, desde ese momento ya tendrán que estar controlados todos los gastos del sector público. No habrá más facturas en el cajón porque los proveedores estarán obligados a pasar un proceso oficial para cobrar. Hasta ahora, la factura se entregaba en el órgano que iba a pagar, con lo que se corría el riesgo de que se olvidase del recibito. Eso se acabará con el registro contable.
El proceso se completará el 15 de enero de 2015, cuando entre en vigor la factura electrónica a través del punto único de entrada de cada administración. Todos los pagos superiores a 5.000 euros tendrán que seguir este camino.
La ventaja principal para el proveedor reside en el control que se ejercerá sobre el asunto. Para empezar, el Ministerio de Hacienda le enviará un aviso si tarda más de la cuenta en pagar. Como el proceso estará informatizado y las fechas de entrada serán visibles para todos, no podrá ocultar la demora. Y si a los tres meses no ha pagado, se publicará su falta. De hecho, habrá informes de morosidad del sector público.
No sólo eso, según la Ley de Morosidad, el Estado podrá intervenir a aquellas administraciones que no cumplan con los plazos legales (30 y 60 días). Ahora ya no habrá dudas sobre las fechas. El órgano de control correspondiente sabrá cuándo entró y quién debe pagar.
Comunidades y ayuntamientos
La siguiente cuestión es si autonomías y ayuntamientos se integrarán en este modelo. En lo que respecta a las normas establecidas por la ley sí tendrán que hacerlo. Es decir, habrá un registro contable y un único punto de entrada por administración. Y las facturas tendrán que cumplir los requisitos fijados por el Gobierno.
La duda surge acerca del punto de entrada (la web). Hacienda quiere que las administraciones se sumen a su propuesta: es decir, que haya una sola web de inicio para todo el sector público español. Allí entrarán los proveedores y serán redirigidos al órgano correspondiente. Pero cada región y municipio tendrá libertad en esta cuestión. Pueden unirse al punto de acceso estatal, asociarse con otros ayuntamientos y comunidades o ir por libre. Eso sí, la forma de relación con el proveedor tendrá que ser la misma, la que marca la ley.