Hasta la fecha, el Gobierno ya ha aprobado dos planes de proveedores con un importe de 28.000 millones de euros. Ahora van a por un tercero "y último" (sic), con un monto estimado de más de 19.000 millones. En total, pues, alrededor de 47.000 millones en facturas pendientes de pago debido al sobregasto de las Administraciones autonómicas y municipales (controladas desde mayo de 2011 en su inmensa mayoría por el austero Partido Popular). Pero no pasa nada: el mismo Gobierno nos anuncia a renglón seguido que este tercer plan de proveedores, como los otros dos anteriores, no afectará ni al gasto ni al déficit público. Miel sobre hojuelas: se pagan las facturas atrasadas y no nos cuesta nada. ¿Por qué, entonces, no recurrimos a un cuarto, a un quinto, a un sexto y al enésimo plan de proveedores? Rentabilidad sin coste, el sueño de todo inversor.
Sucede, sin embargo, que el Gobierno no está diciendo la verdad. Nada inhabitual, desde luego, pero no está de más explicar dónde reside la trampa. De entrada, es cierto que el gasto y el déficit públicos no aumentarán directamente como consecuencia del tercer plan de proveedores: al fin y al cabo, estamos hablando de que se trata de un instrumento concebido para abonar las facturas ya emitidas sobre gastos ya realizados y contabilizados. Dicho de otro modo, los proveedores ya prestaron sus servicios a las Administraciones territoriales y éstas ya asumieron el compromiso de pagarles (esto es, ya registraron el gasto en su correspondiente ejecución presupuestaria). El único problema es que no tienen tesorería para pagarles.
En este sentido, el plan de proveedores simplemente implica la sustitución de una deuda comercial (cuánto adeudamos a nuestro proveedor) por una deuda financiera (cuánto adeudamos al tenedor de nuestros bonos). Pero con ese reemplazo no hay nuevo gasto, ni nuevo déficit, ni siquiera nueva deuda en sentido lato (incluyendo tanto la financiera como la comercial). Ahora bien, existe una diferencia básica entre la deuda financiera y la comercial: la primera devenga intereses explícitos y la segunda no. Por consiguiente, como el plan de proveedores implicará la emisión de 19.000 millones de euros de deuda financiera para pagar las deudas comerciales, el Estado comenzará a pagar intereses sobre esos 19.000 millones, y los intereses financieros sí implican un aumento del gasto y del déficit.
En concreto, si el Estado se financia a unos intereses medios del 4,5%, pasará a abonar unos intereses medios adicionales de 850 millones de euros cada año (la cantidad será menor si se financia a plazos menores; pero con ello se expone a que se le cierre más adelante la refinanciación). ¿Ochocientos cincuenta millones es mucho o poco? Sobre nuestro déficit total, una nimiedad. Pero, claro está, todo depende de con qué lo comparemos: 850 millones equivale, aproximadamente, a los fondos europeos anuales recibidos con incienso por Rajoy para luchar contra el desempleo juvenil; o más que la recaudación anual esperada por la reciente subida del tabaco y el alcohol. Y si, en lugar de tomar sólo los costes financieros del tercer plan de proveedores, incluyéramos el primero y el segundo, nos iríamos a unos intereses anuales de unos 2.000 millones, la mitad de la recaudación estimada con la brutal subida del IRPF que acometió el Ejecutivo al inicio de la legislatura.
Desde luego, estos planes de proveedores, para no afectar en nada al gasto y al déficit, nos salen muy caros.