El presidente del Clúster Gallego del Naval (Aclunaga), Fernando Alcalde, prevé una "guerra fratricida" en el sector en Europa si finalmente la Comisión Europea acepta la propuesta de Joaquín Almunia y sanciona a España con el reintegro de parte de las bonificaciones fiscales concedidas durante la vigencia del anterior tax-lease, entre 2005 y 2011.
Fernando Alcalde recuerda, en declaraciones a Efe, que Aclunaga, junto con el Foro Marítimo Vasco, también denunció en Bruselas el sistema holandés de 2009 a 2011 con el propósito de avisar: "Aquí todos cojeamos de lo mismo. Ni lo nuestro es ilegal ni lo vuestro debería serlo". El mensaje que pretendían transmitir con la demanda era: "Respetémonos y unamos fuerzas contra nuestro competidor principal", la industria china y coreana; "pero parece que los holandeses", cuya denuncia dio origen al expediente abierto al tax-lease español hace dos años, "no lo han entendido".
Alcalde indica que el naval holandés "se ha aprovechado a nuestra costa, pero no tanto como pensaba", y advierte de que su "ligero repunte" durante los dos últimos años es "pan para hoy y hambre para mañana", porque "puede que tengan el mismo problema que en España" si la Comisión Europea le abre un expediente similar.
El presidente del Clúster Gallego del Naval recalca que la intención de su organización no es "fomentar una guerra contra Holanda ni contra nadie", porque eso significaría "matarnos en Europa" e, indirectamente, "darle de comer a los países asiáticos", donde trabajan con precios "muy competitivos". Por eso, apela a la "responsabilidad" y a la "cordura" de la Comisión Europea en la resolución del expediente del tax-lease español, que confía que vaya en una dirección diferente a la apuntada este jueves en Madrid por el responsable de Competencia, el socialista Joaquín Almunia.
Aclunaga sostiene que la devolución de ayudas, aunque no repercuta directamente en los astilleros, tal y como garantiza Almunia, acabará por "cercenar" al sector naval español. "Si no es por activa, con un tiro en la cabeza, es por pasiva: nos matan de inanición, porque los clientes huyen y no hay posibilidades de financiación", argumenta su presidente. Además, recuerda que en la mayoría de los contratos los astilleros asumieron responsabilidades patrimoniales en el caso de que hubiera un cambio normativo, y añade: "¿quién nos garantiza que dentro de cinco años no venga otro Almunia y haga algo similar?".
Alcalde, a quien las últimas declaraciones del comisario no le cogieron "con el pie cambiado", aunque no pensaba que "siguiera adelante con su tesis", considera que más allá de la argumentación técnica y jurídica, España cuenta a su favor con otra razón "de peso". "Si Bruselas exige a España que disminuya el paro y que salga de la crisis produciendo, no puede terminar con uno de los sectores más productivos y que dedica el 90 % a la exportación. ¿En qué cabeza cabe todo esto?", se pregunta. El presidente de Aclunaga pronostica "un lío judicial monumental, con un montón de demandas en cascada" de alta complejidad si Bruselas falla en contra de los intereses de la industria española.
Y es que España tendría que revisar uno por uno los 273 expedientes que en su día autorizó y cuantificar lo que reclamaría a cada armador, con el argumento de "donde dije digo, digo Diego"; estos podrían demandar al Estado, que a su vez podría recurrir el fallo de la Comisión. "Con todo este lío, nuestros clientes no repetirían y los nuevos salen espantados", aduce Alcalde, quien concluye que el naval español ha sido "juzgado y sentenciado de antemano", en el momento en que la Comisión de la Competencia le abrió un expediente al anterior tax-lease.