Por unanimidad la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han inadmitido este lunes de plano la solicitud de amparo remitida por el juez de Instrucción de Madrid número 9, Elpidio José Silva, instructor del "caso Blesa", ante las presiones que dice haber sufrido.
En su escrito presentado en el Consejo la semana pasada, el magistrado que envió en dos ocasiones a prisión al expresidente de Caja de Madrid Miguel Blesa denunció haber sufrido injerencias en su trabajo por parte de la Fiscalía de Madrid, de miembros del propio CGPJ y de algunos periodistas.
En el acuerdo adoptado este lunes por los vocales que integran la Comisión Permanente se rechaza aceptar que se haya atacado la independencia del magistrado Silva, cuya instrucción a Blesa fue anulada posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid.
En este sentido, el órgano de gobierno de los jueces recuerda que "los ataques denunciados deben alcanzar una entidad que por su repercusión, su intensidad, su momento procesal o su contenido personal, ponga en serio riesgo la capacidad de cualquier Juez para decidir sin presiones determinantes". Una circunstancia que, según el CGPJ, no se da en este caso.
Por otro lado, el Consejo también descarta que Elpidio José Silva esté padeciendo una campaña de descrédito orquestada por la Fiscalía. Los vocales entienden que las discrepancias entre juez y fiscal son exclusivamente jurídicas y que se enmarcan dentro del normal funcionamiento de los juzgados y tribunales.
No hay presiones
Por último, la Comisión Permanente sostiene en su acuerdo que los medios de comunicación críticos con la actuación del juez del caso Blesa tampoco perturban la independencia del instructor. "La crítica de las resoluciones judiciales no sólo es admisible sino necesaria en un Estado de Derecho, ya provengan de los medios de comunicación o bien de los ciudadanos en general. Sobre esta base, las declaraciones a las que hace referencia la solicitud de amparo, se considera que entran dentro de la crítica admisible, no producen por ello injerencia en la independencia judicial, y en consecuencia no son susceptibles de motivar la concesión del amparo", subrayan los vocales.
Se da la circunstancia de que el polémico magistrado tiene pendiente desde el pasado mes de abril un expediente disciplinario incoado por el CGPJ por retrasos, falta de motivación de sus resoluciones y falta de consideración a sus funcionarios.
Actualmente, la Comisión Disciplinaria le investiga por dos faltas muy graves y una grave. Las primeras lo son por "absoluta y manifiesta falta de motivación" de sus resoluciones y por retrasos en la tramitación de asuntos en su juzgado mientras que la grave corresponde al artículo 418.5, que sanciona la falta de consideración a sus funcionarios.