El Gobierno de un país con una tasa de paro de casi el 27%, como es el caso de España, no puede permitirse el lujo de titubear a la hora de tomar las medidas necesarias para resolver tan grave problema social, ni rechazar política alguna, por dura que sea, que pueda contribuir a ello. Desde hace décadas, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE vienen diciéndole a nuestro país que reduzca el coste del despido hasta igualarlo a la media de la Unión Europea, y no les falta razón. Hasta muy recientemente, dicho coste en España era, con diferencia, el más elevado entre los países industrializados, lo que explicaba que la tasa de desempleo española duplicara la media de la UE. Hoy, ese elevado coste del despido se convierte en uno de los principales obstáculos para la creación de empleo y, por tanto, para la salida de la crisis.
En contra de lo que el Gobierno da a entender, el FMI estima que el crecimiento de la economía española a medio plazo estará en el entorno del 1%, lo cual es a todas luces insuficiente para dar trabajo a los 6,2 millones de parados. En este contexto, y con un escenario económico todavía muy incierto, en el que el crédito no fluye y la sombra de nuevos problemas en los mercados financieros sigue ahí, las empresas no quieren correr riesgos en lo que se refiere a la contratación de personal, con lo que optan por pagar horas extras o por realizar contratos temporales con el fin de poder ajustar su plantilla con facilidad y sin costes si luego vienen mal dadas. En consecuencia, y con estas coordenadas, los altos costes del despido se convierten nuevamente en uno de los principales obstáculos a la creación de empleo y, lo que es más, a la salida definitiva de la crisis. Si bajara el coste del despido, las empresas contratarían más, con lo que habría más demanda de consumo, más producción para satisfacerlo y, derivado de ello, más crecimiento económico y más generación de empleo. Esto es, por tanto, uno de los elementos clave para salir del estancamiento que pronostica el FMI, sobre todo cuando por el lado de la oferta no hay motores que impulsen el crecimiento, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Por supuesto, ni es agradable reducir el coste del despido ni, como es lógico, es una medida popular que vaya a ser respaldada por todos partidos políticos y sindicatos. Pero cuando un país se enfrenta a una situación socioeconómica de la gravedad de la española, un Gobierno no puede andarse con contemplaciones de ningún tipo, menos aún si está respaldado por una mayoría absoluta en el Parlamento. Por ello no resulta admisible la respuesta que el Ejecutivo ha dado a la petición del FMI. No hay que olvidar que un Gobierno está para gobernar, para tomar decisiones difíciles cuando las circunstancias así lo requieren, como es el caso en estos momentos, no para aplazar decisiones duras por simple cálculo electoral; porque la factura se paga en forma de sufrimiento de millones de personas sin empleo que no ven salida a su situación de pobreza desesperada.