Rajoy y Rubalcaba al fin han alcanzado su particular Pacto de Estado contra la crisis, tras acordar la semana pasada una posición común de cara al importante Consejo Europeo que tendrá lugar los próximos días 27 y 28. Muchos son los que han aplaudido este cordial entendimiento entre PP y PSOE sin tan siquiera entrar en el contenido concreto, como si el mero pacto bipartidista fuera un motivo de alegría, cuando en realidad constituye una necedad.
El consenso está sobrevalorado en España y, de hecho, lejos de suponer una ventaja, podría resultar contraproducente y sustancialmente dañino para el país. Si, por ejemplo, Rajoy y Rubalcaba coincidieran mañana en la necesidad de que saliéramos del euro, esquivando así los incómodos e impopulares ajustes que debe aplicar la clase política, sería una terrible noticia para todos, con independencia de que apoyemos o no tal decisión. Algo similar sucede en Argentina, donde el consenso peronista gobierna desde hace décadas más allá de las siglas que enarbole una u otra fuerza política. Es decir, el consenso no es bueno ni malo per se, todo depende de su contenido.
En el caso que nos ocupa, el pacto entre populares y socialistas es una mala noticia para España por diversos motivos. Basta con observar la esencia del documento para percatarse de su único y verdadero objetivo: más gasto público y manipulación monetaria para suavizar y retrasar aún más las reformas estructurales y los recortes que ya hace tiempo se deberían haber acometido para recuperar la solvencia. El texto no hace ni una sola mención a la necesidad de la austeridad pública y la liberalización económica a escala nacional, sino todo lo contrario. La proposición de Rajoy y Rubalcaba es un panfleto socialdemócrata ideado para rechazar los ajustes que recomienda Berlín. Se trata, simplemente, de otro canto al despilfarro y una nueva alabanza al intervencionismo público y monetario.
Así, ambos partidos coinciden en defender la "recapitalización directa de los bancos" a través del fondo de rescate europeo. Es decir, PP y PSOE apoyan sin fisuras el auxilio público de entidades financieras, sólo que empleando el dinero de todos los contribuyentes de la Zona Euro, lo cual es igualmente inmoral y contraproducente. Además, solicitan que el Banco Central Europeo (BCE) preste o avale directamente la concesión de préstamos a pymes españolas para reducir sus costes de financiación, ignorando así las causas últimas de que no fluya el crédito a escala nacional. Por si fuera poco, también coinciden en exigir a Bruselas más inversión pública en los países del Sur, como si España no tuviera ya suficientes infraestructuras ruinosas dignas de liquidación. Lo mismo sucede con su plan para fomentar el empleo juvenil, consistente en elevar aún más las subvenciones a la contratación, sin reparar lo más mínimo en las graves rigideces y deficiencias que sigue presentando la regulación laboral en España.
Y ello sin contar el broche final del citado pacto, donde PP y PSOE declaran su devoción por la construcción de una Europa social y el mantenimiento del Estado del Bienestar, sin percatarse de que dicho modelo condena el Viejo Continente al declive, la decadencia y la marginación en la era global. No en vano, el siguiente párrafo lo firmarían de principio a fin y sin vacilar Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo:
La Unión Europea debe impulsar el papel de los agentes sociales, favoreciendo su consulta y participación con vistas al desarrollo de la dimensión social europea, asegurar un alto nivel de protección social, proteger los derechos laborales y fomentar los servicios públicos como la sanidad y la educación de calidad.
Las palabras libertad y capitalismo, que hacen referencia a los auténticos motores del desarrollo económico y la calidad de vida de los individuos, brillan por su ausencia. Si el tan manido consenso implica esto, más socialismo y, por tanto, destrucción de riqueza y empleo, tal y como han acordado Rajoy y Rubalcaba a nivel europeo, el Pacto de Estado se convertirá en una nueva rémora para el futuro de España.