El Gobierno de Grecia decidió este martes clausurar de forma temporal la radiotelevisión pública del país, ERT. "La opacidad y el despilfarro han sido las reglas a seguir en el caso de ERT. Esto se acaba hoy y para siempre", alegó el portavoz del Ejecutivo, Simos Kedíkoglou.
ERT dejó de existir la pasada medianoche, si bien centenares de los 2.656 trabajadores que forman la plantilla siguen manteniendo ocupada su sede en Atenas y el sindicato de medios ha convocado huelgas en el sector. El Ministerio de Finanzas anunció poco antes de la medianoche que a partir de ese momento ERT dejaba de existir, la sede debía ser desalojada y la programación suspendida "hasta la aprobación de una ley que establezca la creación de una nueva cadena pública". Al anunciar la desaparición de ERT, Kedikoglu señaló que en lugar del actual ente se creará "cuanto antes" otra empresa pública "moderna", más eficiente y con una plantilla "mucho más pequeña".
Las señales empezaron a caerse una a una poco antes de la medianoche, mientras los trabajadores de ERT emitían información continua en directo. Después de que la señal se fuera definitivamente a negro, ERT sigue, por el momento, retransmitiendo por internet.
El anuncio del cierre cayó como un jarro de agua fría no solo en el mundo del periodismo, sino también entre los intelectuales, deportistas, la Iglesia y parte de la población. Entre los políticos nadie ha puesto en duda la necesidad de modernizar la radiotelevisión pública, ni siquiera el principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, pero la reacción de rechazo al cierre drástico ha sido unánime. Incluso los dos socios de la coalición tripartita, Pasok y Demócratas de Izquierda, cuyos ministros no firmaron el decreto, manifestaron su rechazo y anunciaron que votarán en contra en cuanto el texto sea sometido a la aprobación parlamentaria, lo que puede suponer una prueba de fuego para el Gobierno de Andonis Samarás.
De hecho, el cierre también ha levantado fuertes críticas por parte de algunas asociaciones de periodistas y fuerzas políticas y sindicales en el exterior. En el caso concreto de España, la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, lamentó este miércoles la decisión del Gobierno griego. Asimismo, la Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) y la Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) también expresaron su "más absoluto rechazo" al cierre de ERT y mostraron su "total apoyo" a los trabajadores del ente.
El sindicato considera que este hecho supone un "grave retroceso" para la libertad de expresión y para la democracia en el país heleno y convierte a éste en el único país de la Unión Europea sin radiotelevisión pública, señala en un comunicado.
Ejemplo de despilfarro
Sin embargo, Atenas no ha anunciado el fin de la televisión pública sino su sustitución por otro ente más eficiente y barato que la histórica ERT. Y es que, entre las razones que alega el Ejecutivo destaca el hecho de que "el pueblo griego paga el servicio público de radio y televisión -300 millones anuales- mediante el recibo de la luz y su mantenimiento cuesta desde tres hasta siete veces más que el de cualquier otra cadena. Además, su plantilla supera desde cuatro hasta seis veces la de los canales de la televisión comercial, mientras la audiencia se reduce cada vez más", según destacó Kedíkoglou.
"La opacidad y el despilfarro han sido las reglas a seguir en el caso de ERT. Esto se acaba hoy y para siempre", añadió. "ERT posee un notable patrimonio que no viene explotado adecuadamente. La entidad viene administrada mediante criterios de opacidad y mantiene a seis gestorías que ni siquiera se comunican entre ellas. Se pueden observar los mismos manejos en la gestión de los convenios y del material audiovisual, sin contar que los trabajadores cobran muchísimo dinero en concepto de horas extra".
Efectivamente, a pesar de los recortes salariales aplicados sobre los empleados públicos, los trabajadores de ERT cobraban un sueldo medio muy superior al del sector privado, con un baremo que oscilaba entre los 2.500 y 4.000 euros brutos al mes, tal y como muestran algunas de las últimas contrataciones efectuadas en el ente público.
Además, la opacidad y el enchufismo eran una práctica muy generalizada, según denuncia el propio Gobierno. Muchos trabajadores eran fichados de forma opaca, vía enchufismo, sin necesidad de oposición, de forma similar a lo que sucedía con los contratistas, al tiempo que el inmovilismo de los sindicatos, que controlaban el ente, imposibilitó la reestructuración ordenada de la sociedad.
Así, por ejemplo, el periódico griego Ekathimerini señalaba el martes en un editorial que la decisión del Gobierno de cerrar y, posteriormente, reestructurar pública el ente público ERT era "el camino correcto". Es la primera vez que Atenas saca "el coraje político necesario para cerrar una institución pública, una empresa estatal, cuyos costes de operación habían alcanzado niveles injustificadamente altos, convirtiéndose en una carga cada vez más pesada sobre los contribuyentes griegos. La corporación de radiodifusión comenzó a perder su credibilidad hace mucho tiempo por complacer a los funcionarios del partido repartiendo favores y la adopción de prácticas de derroche, así como a través del comportamiento de los sindicalistas que representan a sus trabajadores", añadía.
Por último, el diario advertía de que la nueva radiotelevisión pública anunciada por el Gobierno debería estar integrada por "personas contratadas en base a criterios de mérito, en contra de intereses partidistas".
Una historia de 75 años
El cierre de ERT pone fin a un grupo que tiene 75 años, ya que inició sus emisiones de radio en 1938. La troika, integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), lleva tiempo presionando al Gobierno para que acelere el plan previsto de reducir el número de empleados públicos en 2.000 personas antes de fin de año, y en otros 15.000 extra para finales de 2014.
En principio, Atenas prevé reducir la plantilla de ERT mediante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y despidos. El Gobierno dejará de cobrar la tasa introducida en la factura de la luz para sufragar ERT hasta que nazca el nuevo ente público.