En los últimos cuatro años el sistema público de pensiones ha sufrido dos recortes y dos reformas (bueno, la segunda todavía no se ha completado). Se los han repartido, a partes iguales, PP y PSOE, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Y en ambos casos, la respuesta de la oposición ha sido la misma: el voto en contra. Los argumentos también han sido parecidos. Los dos partidos han acusado al Gobierno de turno de cargarse el sistema, romper el consenso del Pacto de Toledo o hacer cargar a los más débiles con el peso de los ajustes.
Este lunes, era Valeriano Gómez el encargado de valorar, por parte socialista, el informe del grupo de expertos sobre el factor de sostenibilidad. El ex ministro de Trabajo ha anunciado el rechazo total de su formación al documento y ha defendido el sistema aprobado hace dos años, que elevó la edad de jubilación a los 67 años y amplió el período de cálculo de 15 a 25 años. En aquel momento, fue el PP el que denunció los cambios, asegurando que suponían "el desmantelamiento del patrimonio acumulado durante décadas por los trabajadores".
Mientras, los españoles asisten a un fuego cruzado en el que ni se les explica abiertamente qué supone cada medida, ni se aclara por qué un partido piensa exactamente lo contrario esté en el Gobierno o la oposición. Mientras su presidente está en Moncloa, los dos partidos piden "sentido de Estado"; luego, cuando están en la bancada de enfrente, parece que se olvidan de lo que ocurrió unos meses antes.
Para empezar, ni siquiera explican bien la diferencia que hay entre las reformas del sistema (para pensiones futuras) y los recortes (que afectan a las actuales). Cuando Zapatero congeló las pensiones o Rajoy no actualizó conforme al IPC, lo que estaban haciendo es reducir la paga que cobran los actuales jubilados. La justificación era el incumplimiento de los objetivos de déficit. Es decir, España tiene unos números rojos que hacen ineludible recortar desde ya el gasto.
Pero esto no tiene nada (o casi nada) que ver con las reformas del sistema. Si creemos que el modelo de la Seguridad Social es insostenible a medio plazo, entonces hay que concluir que hay que cambiar las reglas: cuándo se puede uno jubilar, cómo accede al sistema contributivo, cuántos años cuentan para calcular la pensión... El PSOE hizo una gran reforma en este sentido en 2011; y el PP está preparando la suya. En uno y otro caso, se encontraron con la crítica decidida del principal partido de la oposición.
El Factor Ruesga
En estos momentos, Santos Ruesga es uno de los hombres de moda. Era uno de los integrantes del grupo de doce expertos que estaba encargado de realizar el informe sobre el factor de sostenibilidad. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, representó a UGT en el Consejo de RTVE y se le considera muy cercano tanto al sindicato como al PSOE.
El viernes, cuando se produjo el acto de entrega a la ministra Fátima Báñez de las conclusiones del informe, Ruesga ni siquiera quiso acudir. Escenificaba así un enfrentamiento con sus compañeros que se venía fraguando desde que se creó la comisión. No fue el único que presentó un voto particular: también lo hicieron José Luis Tortuero (catedrático de Derecho del Trabajo y el más cercano al PSOE en el grupo) y Miguel Ángel García (responsable del Gabinete Económico de CCOO). Sin embargo, estos dos integrantes del grupo no votaron en contra. Tortuero se abstuvo y García votó a favor, indicando simplemente su rechazo a que se comience la aplicación de las medidas en 2014.
A pesar de la soledad de Ruesga en la comisión de expertos, Valeriano Gómez ha dejado claro este lunes que su partido se basará en su voto particular (y en el de Tortuero) para plantear su alternativa al informe oficial. Así, leyendo lo argumentado por el profesor de la UAM, uno puede hacerse una idea de los grandes argumentos que utilizará el PSOE:
- La culpa es de la crisis: "Es importante valorar el contexto económico en el que nos movemos, en el que a causa de la política de austeridad que se desarrolla desde mayo de 2010, se está produciendo una intensa devaluación salarial". Por lo tanto, no hay que dramatizar. En realidad, los números rojos que la Seguridad Social sufrió en 2012 son consecuencia de la caída del número de trabajadores, no del desequilibrio del sistema. Por lo tanto, lo que hay que hacer es esperar a que los datos se recuperen.
- Nuestra reforma es suficiente: "Habría que dejar actuar [a la reforma de 2011] y hacer un seguimiento antes de introducir otros posibles factores de reducción de la cuantía de las pensiones". Gómez lo ha reafirmado en su rueda de prensa. Con los cambios introducidos por el Gobierno socialista ya era suficiente para asegurar la sostenibilidad del sistema. Lo que no ha explicado es que esos cambios (alargar la edad de la jubilación a los 67 años, ampliar el período de cálculo y elevar el número de años necesarios para cobrar la máxima) implican un recorte muy importante de las pensiones futuras. Por otro lado, en este sentido, el PP tampoco ha explicado por qué tras criticar tanto aquella reforma con el argumento de que no era necesaria, se ha vuelto ahora un convencido de la obligación de aprobar ésta.
- No está justificado: "Conviene ser cautos a la hora de considerar las predicciones demográficas actuales o futuras". "Disponemos de un colchón financiero (…) Contamos con un Fondo de Reserva que nos permitiría cumplir con el pago de las pensiones hasta, al menos, 2018". "Los problemas comenzarían a agravarse a partir de 2030". Los expertos aseguran que o se toman medidas pronto o no habrá dinero para pagar las pensiones en 2040 y esta tendencia no puede cambiarse de un minuto a otro. Sin embargo, para Ruesga y el PSOE todavía hay margen para analizar cómo van las proyecciones demográficas. El problema es que no parece sencillo que esto cambie ni siquiera a medio plazo. Los viejos de 2040 tienen 35-40 años en la actualidad. Ya sabemos cuántos son. Y los trabajadores de ese año ya deberían haber nacido. Si no lo han hecho, será difícil sacárselos de la manga.
- Demasiadas prisas: "Sigo sin entender el porqué de las prisas para elaborar una propuesta de esta envergadura económica, política y social". "Tengo la impresión y la sensación, sin ánimo de crítica hacia la labor del Comité y con todos mis respetos a sus miembros, de haber estado teledirigido hacia un resultado acorde con las expectativas del Gobierno que le nombró". Ruesga asegura que no quiere "criticar" a sus compañeros y luego les manda un torpedo directamente a su línea de flotación, acusándoles más o menos veladamente de ser marionetas en manos del Gobierno. Los medios de izquierda y el propio PSOE ya han comenzado la labor de destrucción del informe atacando a sus autores, como meras correas de transmisión de Moncloa o el sector financiero.