"Esto es un sistema de reparto y sólo se puede repartir lo que se tiene". Con estas palabras, Miguel Ángel García confirmaba el viernes su apoyo al informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones que el grupo de expertos del Gobierno acababa de entregar a Fátima Báñez.
Parecen unas declaraciones bastante sensatas, pero tanto sus comentarios ante la prensa como su voto favorable no han sentado muy bien en la organización para la que trabaja: CCOO. García es el responsable del gabinete económico del sindicato y el Gobierno lo eligió como uno de los 12 sabios encargados de realizar dicho estudio sobre el factor de sostenibilidad. Y no era el único sindicalista. Junto a él, participaron en las discusiones Santos Ruesga (muy cercano a UGT y al PSOE y que votó en contra del informe) y José Luis Tortuero (cercano al PSOE y que se abstuvo).
Pues bien, desde que el viernes se supo que la postura de García no sólo no iba a ser negativa, sino que se sumaba al consenso mayoritario, comenzó el ruido dentro de su organización sindical. Ni siquiera su voto particular ha detenido las protestas. No vale con que haya reiterado que su participación en el comité fue a título personal (y sin cobrar, como el resto de sus compañeros). En CCOO no perdonan que uno de los suyos haya tenido el atrevimiento de no despreciar abiertamente una iniciativa gubernamental.
De hecho, este mismo martes por la tarde, tras la Comisión Ejecutiva Confederal, el sindicato ha emitido un comunicado en el que asegura que fue "un error" dejar que García participase en el Comité. CCOO destaca que el Gobierno planteó la presencia de García en el grupo por ser una persona de reconocido prestigio en materia de pensiones, "y no como representante del sindicato", por lo que se consideró autorizar su presencia por creer que era conveniente que en la comisión "hubiese la mayor pluralidad posible".
"No obstante, y a tenor de la imagen proyectada, la Dirección Confederal asume que cometió un error al haber aceptado la participación de una persona asociada al sindicato en una comisión profundamente desequilibrada y que podía nacer condicionada por la pretensión del Gobierno de adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2014, cuando en la ley vigente esta posibilidad se contempla para el año 2032", señala.
"Escandaloso y paradójico"
Este comunicado ha sido la última etapa de un ataque que comenzó casi desde que se conoció la postura de García. Por eso, Ignacio Fernández Toxo ha tenido que convocar a los secretarios generales de todas sus federaciones para explicarles lo que ha pasado. Y el propio secretario general de CCOO ha desautorizado completamente a García, asegurando que su opinión en el informe "no recoge la posición del sindicato. No nos sentimos vinculados en absoluto".
Pero esto no ha sido suficiente. El Gabinete Interfederal de CCOO, un grupo de abogados y economistas que asesora a la organización, ha publicado un durísimo comunicado contra el informe, en el que califica de "escandaloso y paradójico" el voto de García y acusa al resto de los expertos de haber actuado en función de sus "estrechos vínculos con entidades financieras y aseguradoras".
De esta manera, este Gabinete Interfederal no sólo rebate las conclusiones económicas del informe de los sabios (algo que podría ser lógico) sino que entra en el insulto personal a estas doce personas. Incluso, su propio compañero se lleva su parte, al que acusan de disponer "frívolamente" del nombre del sindicato y "dilapidar" la credibilidad ganada por la organización gracias al "sacrificio" de sus afiliados". El mensaje parece claro: prietas las filas y ni un vaso de agua al Gobierno. El que se mueva no sólo no sale en la foto, sino que es un apestado.
Izquierda y derecha
Ante tanta contundencia, es lógico preguntarse qué defiende exactamente García y si es tan inaceptable que alguien de "izquierdas" apoye el informe. Pues bien, sobre esto último hay que indicar que sólo uno de los doce expertos ha votado en contra (Santos Ruesga). Tortuero, muy cercano al PSOE y UGT, se abstuvo. De hecho, los componentes del grupo destacaban el viernes (en público y en privado) el buen ambiente que se vivió y la actitud constructiva de casi todos los miembros del comité, incluso los que, como el propio García, al principio tenían más reservas ante la petición del Gobierno.
Pese a las acusaciones de ciertos medios, que han caricaturizado a los sabios como un grupo vendido a las aseguradoras y los bancos, lo cierto es que su procedencia es muy diversa. Por poner algunos ejemplos, Víctor Pérez Díaz, su presidente, es uno de los sociólogos más reputados de España; José Ignacio Conde Ruiz, es subdirector de Fedea y trabajó en la Oficina Económica del anterior Gobierno socialista; Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y fue secretario de Estado con la UCD; Rafael Domenech es catedrático de la Universidad de Valencia, economista del BBVA y también trabajo en la Oficina Económica de Moncloa en la época de Rodríguez Zapatero. Y como explicamos antes, hay al menos otras tres personas del entorno más inmediato de UGT, CCOO y PSOE.
Este mismo lunes, el propio Joaquín Almunia, ex candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno y secretario general del partido, pidió aprobar reformas sobre el sistema público incluso aunque no haya consenso.
La postura de García
Pero lo más sorprendente viene cuando uno analiza la postura del propio García. Viendo las críticas que le lanzan desde su sindicato, parecería que ha pedido el cambio del sistema de reparto por uno de capitalización o que se obligue a todos los trabajadores a abrir un plan privado. Ni mucho menos.
Lo que pide, tanto en su voto particular como en el artículo que publica este martes en El País, es retrasar la aplicación de la reforma hasta 2019, frente al resto de sus compañeros, que piden que se haga el año que viene. Y complementar con otros ingresos (vamos, con impuestos) las arcas de la Seguridad Social.
En realidad es la postura clásica de la izquierda. La reiteró en la rueda de prensa de presentación del informe y lo repite unas cuantas veces en la tribuna del diario de Prisa: si no hay dinero con cotizaciones, hay que subir las pensiones vía impuestos. Se puede estar o no en desacuerdo con esta solución, porque incrementar los tributos traería otras consecuencias sobre la economía. Pero no parece que se aleje mucho de las prescripciones habituales de la izquierda.
Su pecado es haber admitido que el sistema tiene un "reto" por delante, que sólo se puede repartir "lo que se tiene" y si no se cambia el modelo de ingresos de la Seguridad Social se producirá un "deterioro de la relación entre pensión media y salario medio". Y haber colaborado con una propuesta de un Gobierno del PP. Hace dos años el PSOE aprobó una reforma de las pensiones mucho más contundente y la respuesta de los grandes sindicatos fue mucho más tibia.