Santana Motor puede ser considerado como el gran fracaso de las políticas socialistas de cebo y engorde de un sector público con economías ficticias. Quince años después del plan de Manuel Chaves para el reflotamiento de la entidad y tras invertir 600 millones de euros, la Junta de Andalucía tuvo que cerrarla en 2011. Para minimizar su efectos políticos, la Junta de José Antonio Griñán lanzaba su nuevo plan Linares-futuro que abandonaba la automoción como horizonte de la comarca jiennense. Ahora se sabe que no se ha logrado recolocar ni a uno solo de los trabajadores de la vieja Santana .
El fracaso final de Santana aceptaba prejubilaciones para 792 personas mayores de 50 años y las recolocación de los demás en empresas de la zona con contratos indefinidos y bajo el convenio del metal. La Junta y el PSOE se congratularon del fin de esta aventura sangrante para el dinero público (perdía anualmente sobre 80 millones de euros), pero el portavoz del PP en el Ayuntamiento linarense y en la Diputación de Jaén, Antonio Martínez sentenció que era un "día de luto para Linares".
El luto sigue y se vuelve aún más negro por cuanto del compromiso adquirido, 100 puestos de trabajo según recuerda ABC, no se ha creado ninguno y respecto a las prejubilaciones, se han mancillado hasta el corvejón implicándolas en el caso de los ERE.
Según el acuerdo promovido por Josè Antonio Griñán, ya presidente de la Junta, se distinguía entre tres grupos de los 1.200 trabajadores de Santana: Grupo A: trabajadores mayores de 50 años de Santana y el parque de proveedores que serían prejubilados. Grupo B: trabajadores menores de 50 años provenientes de Santana y el parque que recibirían una indemnización y la recolocación dentro del Plan Linares Futuro, Y Grupo C: trabajadores que no pertenecían a Santana, ni estaban acogidos al acuerdo del Plan de Garantías del 2008 (por el que la Junta se comprometió a mantener el empleo hasta 2018 a los operarios de la empresa Santana y poner en marcha una serie de prejubilaciones).
Los más afortunados han sido los incluidos en los grupos A y B que tras dos años de movilizaciones lograron que Griñán cumpliese sus promesas aunque para ello hizo falta que interviniera el Parlamento andaluz que hizo cumplir lo prometido en el Decreto-Ley el 6 de octubre del 2012 en el que se recogían las ayudas sociolaborales de todos los trabajadores afectados por empresas en reestructuración y que se vieron en cuestión por el escándalo de los ERE, con incumplimientos todavía.
Sin embargo aún quedaban 350 trabajadores, los del grupo C que ni han cobrado ni han sido recolocados. Esto es, el Plan Linares Futuro, 29 meses después, no ha creado un empleo, salvo el del encargado de la oficina de seguimiento de este acuerdo.
Santana Motor, una historia tenebrosa sin investigar
En 1956, se creó la Metalúrgica de Santa Ana para fabricar maquinaria agrícola. Cuando ganó las elecciones el PSOE en 1982, Suzuki quiso sustituir los famosos Land Rover Santana fabricados allí desde 1961. Era el entorno laboral y profesional de una comarca entera. Suzuki obtuivo la mayoría gracias a la Junta en 1991 y dos años después tenía ya casi el 84 por ciento de las acciones. Dos años después dejaron Santana y la Junta no quiso cerrarla, por lo que Manuel Chaves, tras una manifestación de 70.000 personas, la convirtió en empresa pública y se puso a buscar socios en una historia delirante mientras inyectaba cientos de millones de euros en la entidad.
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la ya famosa IDEA de los ERE, adquirió en 2007, por 8,1 millones de euros, unos terrenos industriales de 46.497 metros cuadrados propiedad de la empresa para ayudarla. Se negoció con la italiana Iveco y la rusa TagAz, pero a finales de 2010 el fracaso era ya evidente si bien n unca hubo una comisión de investigación en el parlamento andaluz sobre cómo se perdía dinero a espuertas en esta empresa. Incluso el ministerio de Defensa, en tiempos de José Bono, compró 700 coches para las Fuerzas Armadas aunque tampoco sirvió para sacar del pozo a Santana y la desprestigió aún más.
29 meses después del último plan, el Plan Linares Futuro, ninguna empresa ha llegado a instalarse y mucho menos a contratar en una Linares con el 47 por ciento de paro. Los sindicatos, cómplices de las maniobras de los sucesivos gobiernos socialistas para no perder votos en el feudo socialista de Jaén, dicen ahora que la Junta han incumplido sistemáticamente lo que acordó
Desde los sindicatos de Linares no se puede ser más gráfico a la hora de resumir los resultados del Plan Linares Futuro: "la realidad es que la Junta ha incumplido sistemáticamente todo lo que acordó con los sindicatos institucionales, mantiene en suspenso las ayudas sociolaborales (prejubilaciones) y mantiene a los alrededor de 350 trabajadores del grupo C en el paro absoluto sin crear un solo puesto de trabajo".
Algunos ejemplos de planes fracasados
El Plan Memta
A principios de septiembre de 2009, se puso de manifiesto el fracaso del Plan Extraordinario de Medidas para la Mejora de la Empleabilidad del Mercado de Trabajo de Andalucía(Plan Memta), que sólo había beneficiado a 4.830 parados de los 130.00 previstos. Las ayudas de 350 euros mensuales durante tres meses no habíann sido cobradas por ninguno de los parados que habían participado en las acciones de búsqueda de empleo. Por ello, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, calificó de "rotundo fracaso" y de "plan mentira" dicho plan Memta, ya que desde la aprobación de la orden en octubre de 2008 sólo han sido contratados el 3,7 por ciento de los desempleados previstos, cifrados en unos 130.000.
La Consejería de Empleo, con oscuridad y tal con alevosía, mediante una escueta orden de derogación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), publicada el 19 de octubre de 2011 se cargó el que iba a ser el principal instrumento de lucha contra el desempleo en Andalucía. Contrasta el silencio de este funeral con el festejo mediático de su nacimiento en 2008.El entonces consejero de Empleo, Manuel Recio, justificó la derogación del Memta por el empeoramiento de la crisis. "La evolución de la situación económica y social, así como el nivel de desempleo en el ámbito nacional y andaluz, ha provocado que tanto el legislador estatal como el autonómico dicten una serie de normas en las que se recogen nuevas medidas encaminadas a mejorar la empleabilidad de los colectivos más afectados por la crisis".
El Plan Bahía Competitiva (de Cádiz)
Incluso el diputado de IU en el Parlamento andaluz por Cádiz, Ignacio García, actual presidente de la Comisión de Investigación sobre los ERE, puso de manifiesto las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del Plan de Empleo de Cádiz señalando que "el dinero que falta" de los planes de empleo y de Bahía Competitiva "seguro que no se lo han llevado los trabajadores", por lo que pide que se investigue el dinero no justificado durante años, así como los "múltiples" intermediarios que hayan existido entre el dinero y los trabajadores.
En 2011, se supo que tres empresas subvencionadas por el Ministerio de Industria y Energía debían devolver los 14,5 millones de euros que éste les concedió sin que hicieran los proyectos a que se comprometieron. Las empresas eran Cádiz Solar Center, Aquandalucia y Soluciones Técnológicas Ambientales y sus responsables no eran encontrados por el Ministerio que incluso tuvo que publicar en el BOE un anuncio reclamando sus datos y anunciando el reintegro del dinero de las subvenciones. Hoy se sabe que las tres empresas pertenecen a una oscura trama de empresarios gallegos de la localidad de A Pobra y que dos de ellas estaban en manos de un insolvente. Otros de sus administradores, Manuel Alejandro Dávila Oubiña ha sido investigado por estafa.
Por si fuera poco, la cúpula del PSOE de Cádiz y el clan de Alcalá resultaron implicadas en esta trama que tuvo como resultado 12 imputados, 50 empresas fantasma, blanqueo de 21 millones de euros de la subvención del ministerio de Industria para blanquear 21 millones de Industria y 15 meses de investigación policial. Fue la policía la que desveló la colaboración "fundamental" del exdirector del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, hermano del histórico dirigente del PSOE Alfonso Perales, fundador y líder del clan de Alcalá hasta su muerte, para recibir las ayudas del Ministerio de Industria. Además, su sobrina Ofelia Perales fue agraciada por una contratación en el grupo de Dávila Ouviña, cerebro de la trama de las empresas.
El Programa 62-A, Fomento de la Industria 1995-1999
Lo que dijo la Cámara de Cuentas es lo siguiente: "No existe documentación acreditativa sobre la contribución de las subvenciones a la generación de empleo inducido ni directo en los expedientes fiscalizados, si bien, en el conjunto de la línea de ayuda de promoción y desarrollo industrial en los 62 proyectos, según se especifica en el informe final de cierre, se han creado 679 empleos directos y 310 inducidos. En los expedientes fiscalizados no se ha creado ninguno." O sea, que la Junta afirmaba que había creado empleos, pero en la muestra de empresas que analizó la Cámara de Cuentas, no aparecía ninguno. Más de 138 millones de euros, 23.000 millones de las antiguas pesetas, distribuidos como subvención entre 83 empresas, sirvieron para obtener el resultado de Empleos comprobados, cero.
El trabajo auditor de la Cámara de Cuentas se centró en el período 2000-2006 y estuvo dirigido al programa de subvenciones a empresas privadas incluidas en el programa 62-A, Fomento de la Industria 1995-1999.
Además, la Cámara de Cuentas añadió algunos comentarios de interés:
1.-No era posible saber si se cumplían o no los objetivos de las subvenciones ni era posible el cálculo del grado de ejecución y cumplimiento de las subvenciones.
2.-Había empresas que obtenían más subvenciones de las indicadas.
3-La Junta no había pagado las ayudas en los plazos previstos y eso podía haber perjudicado su utilización eficaz.