Benito Arruñada es Catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra. Su último libro, Empresa, Mercado e Instituciones, acaba de salir a la luz -lea aquí la entrevista sobre su libro-. Arruñada trata la actualidad política, económica y social de España en un encuentro con Libre Mercado.
Pregunta: Suele decirse que queda mucho franquismo económico en España. ¿Cuál es su opinión?
Respuesta: Es muy difícil valorar eso, depende mucho del enfoque que tomemos. Sí queda mucho en algunos ámbitos: por ejemplo, la regulación laboral. Esas normas siguen siendo una herencia del Fuero del Trabajo de 1938 y las leyes que lo desarrollaron en las décadas posteriores. De esas leyes viene todo lo que fuera de España resulta tan anómalo al contemplar el mercado laboral español. También el derecho administrativo sigue teniendo sus bases en los años del franquismo. En muchos casos, se ha ido a peor. Por ejemplo, con la excusa de la flexibilidad, se eliminaron controles en la intervención del gasto y en la contratación de empleados públicos, y eso ha traído más corrupción y que proliferen los nombramientos a dedo.
¿En qué otros aspectos entiende que también seguimos trabajando con normas de aquellos años?
Otro ejemplo serían las regulaciones y las normativas que afectan a los contratos de alquiler de la vivienda, que están configurados a partir de leyes que son incluso anteriores al franquismo. A comienzos del siglo XX, las casas de nuestras ciudades se construían como una inversión para alquilar las viviendas. Ese mercado desapareció cuando se aprobaron normas que congelaron los alquileres e impidieron los contratos libres. Ése es el típico gesto populista que da todos los derechos a solamente una de las dos partes. Aquello beneficiaba a quienes ya alquilaban, pero como consecuencia, se cerró ese mercado a nuevos inquilinos.
Durante el franquismo se consolidó esta situación. Ya en democracia, Miguel Boyer intentó una desregulación, pero todo han sido idas y venidas, avances y retrocesos que, en última instancia, siguen impidiendo la existencia de un mercado de alquiler moderno. Por eso hoy tenemos un mercado del alquiler artesanal, que se basa más en relaciones personales de confianza que en lógicas dignas de un mercado moderno.
Se habla mucho de los desahucios en los últimos días. Usted se opone a la "dación en pago". ¿Qué no nos están diciendo movimientos como la PAH, que se posicionan a favor de este tipo de medidas?
Me temo que estas plataformas no representan realmente a los deudores que están en mayores dificultades sino que defienden a quienes, sencillamente, quieren dejar de pagar su hipoteca. Al deudor en necesidad, sin otros bienes y con rentas bajas, la dación no le aporta nada, pues los acreedores, para ahorrar tiempo y gastos, ya están aceptando voluntariamente que entregue la casa en dación e incluso que la siga ocupando como inquilino.
Quien sí saldría beneficiado con la dación en pago retroactiva son los deudores con recursos y que se han endeudado para comprar una vivienda que ahora ha caído mucho de precio. Ellos o sus avalistas tienen con qué pagar esa deuda. Es a estos deudores, y a sus avalistas, a quien sirve ese colectivo, que sólo usa a los más necesitados como bandera, algo habitual en este tipo de movimientos.
¿Cuál es el impacto a largo plazo de ceder ante estas presiones?
Los contratos firmados voluntariamente, con acuerdo entre dos partes y sin fallos de ningún tipo, deben cumplirse. De no hacerlo, esto supondría que el mercado de hipotecas podría desaparecer como ocurrió con el de alquileres. Parte del actual aumento del tipo de interés hipotecario ya está siendo la respuesta lógica al hecho de que la hipoteca está perdiendo valor como garantía. Los créditos hipotecarios son ya un poco menos reales y más personales, lo que está dificultando la financiación de particulares y empresas.
Además, la consecuencia es discriminatoria porque perjudica, sobre todo, al deudor más humilde, como han hecho las sucesivas elevaciones de los mínimos no embargables. Al ampliarlos, se beneficia a quien tiene deudas hoy, pero se perjudica a todos los futuros deudores cuyos ingresos puedan caer por debajo del mínimo. Si la ley libera de pagar a un cierto tipo de deudores, es lógico que el acreedor deje de prestar a todos los deudores de ese tipo. Por tanto, esas medidas tal vez alivian a los deudores de menos recursos, pero lo logran a costa de excluir para siempre del crédito a todas las personas humildes. Si estoy en lo cierto, pronto veremos la aparición de prestamistas ilegales, como sucedió en Estados Unidos tras adoptarse medidas similares.
Cambiando de tema, ¿qué opina de la maraña de medidas que se anuncian para combatir el desempleo e incentivar la creación de empresas?
Estas medidas no afectan a lo fundamental, que es el carácter reglamentado de los contratos laborales. En este ámbito, las leyes son imperativas, pues dicen a la gente cómo puede contratar y no se permite que se pueda hacer de otro modo. Los efectos también son diferentes en los contratos vigentes y los contratos futuros. Si se le dan más "derechos" al empleado, se beneficia a ese trabajador que ya tiene un trabajo; pero se perjudica a los aspirantes futuros a empleo, pues, como al empleador le resulta más costoso, tenderá a pagar menos o a no contratar.
Desde los años 30, las leyes han ido dando más y más "derechos" a los trabajadores con empleo, con un coste enorme en términos de paro. No es casualidad que en el último siglo haya sido habitual ver a millones de españoles emigrar para buscar trabajo en el extranjero. Cierto que hubo un pequeño paréntesis en las últimas décadas, pero fue fruto, no de nuestros méritos, sino de la simple adhesión al mercado europeo. Hoy hemos vuelto a nuestra normalidad secular. Sufrimos, simplemente, la consecuencia lógica de una regulación laboral insensata, introducida principalmente por el franquismo, pero mantenida casi intacta durante la democracia, excepto en materia de libertad sindical.
Sé que lo que digo es impopular. Pero a quien no esté de acuerdo le invito a pensar por qué, en otro caso, no hay millones de ofertas de trabajo. ¿Por qué, en España, nadie quiere tener empleados?
Entonces, ¿es éste es el primer ámbito que hay que cambiar?
Sí, porque nos condena a la pobreza y fomenta todo tipo de actitudes y actividades improductivas, incluida la proliferación de un empresariado muy especial. Y es profundamente injusta: en esencia, impone sobre todos los trabajadores las preferencias de los menos productivos. Las reformas que se anuncian para incentivar la contratación de algunos tipos de trabajadores, como es el caso de los jóvenes, no funcionan, son como una tirita intentando tapar una gran hemorragia. Peor aún. Aunque sólo sirven para que el ministro de turno pueda dar la impresión de que hace algo, sí son costosas, pues generan papeleo, exigen la dedicación de muchos funcionarios para su control y alimentan el fraude.
Son también normas injustas, porque privilegian a unos trabajadores sobre otros. ¿Por qué vamos a dar privilegios a un trabajador de 29 años y no al de 31? Sucede igual con las empresas. ¿Por qué hemos de favorecer a la empresa pequeña sobre la grande? Hay empresas pequeñas que son socialmente útiles, evidentemente, pero también hay otras que son sólo un pozo de fraude y evasión fiscal.
Y lo mismo con los emprendedores: no hay ningún motivo para privilegiar a la empresa nueva respecto a la antigua. Las administraciones públicas han de ser exquisitamente neutrales porque nadie sabe si socialmente es preferible que las empresas sean pequeñas o grandes. Identificar el tamaño o la edad óptimas es una tarea del mercado en la que, como principio general, no hay razones para interferir. Por lo que debemos preocuparnos es porque las administraciones dejen de hacer la vida imposible a todas las empresas.
Usted suele hablar de la necesidad de una mayor "transparencia fiscal". ¿A qué se refiere exactamente? ¿Puede darme algunos ejemplos?
Una de las mayores cortinas de humo es la que oculta los impuestos indirectos. Cuando el dueño de un automóvil paga el combustible, cerca de la mitad se lo paga a Hacienda. No creo que lo sepa, como tampoco sabe, al ver su nómina, cuántos impuestos ha pagado. Gran parte del impuesto sobre el trabajo incluso se camufla como Seguridad Social "a cargo de la empresa", de modo que en general ni siquiera consta en las nóminas. Y sucede algo similar con el Impuesto sobre la Renta. A la gente le gusta que la declaración le salga "a devolver". Y si tiene que pagar algo, le duele más que la retención que le han ido practicando mensualmente, aunque esa retención suele ser mucho más cuantiosa.
Por todos los medios, se consigue que el coste del Estado sea lo menos visible posible. Cambiar esto no tendría un gran coste, pero nos ayudaría mucho, ayudándonos a madurar como ciudadanos. Sería fácil: bastaría publicitar precios sin IVA, efectuar los ingresos salariales por el bruto, con descuentos simultáneos en cuenta corriente o, al menos, con rebajar las retenciones de IRPF para que, al contrario de lo que sucede ahora, la mayoría de las declaraciones salieran "a pagar".
Hace falta eliminar la batería de cortinas de humo que esconden todo tipo de gravámenes. Ojos que no ven, corazón que no siente: necesitamos que, cuando el contribuyente paga, lo sepa y, por tanto, sufra. Sólo así cambiará su actitud ante el derroche de lo público. Hoy mucho ciudadano cree que no es su dinero el que se derrocha.
¿Qué opinión tiene de la educación española?
En mi opinión, las escuelas y los institutos españoles necesitamos una reconversión muy profunda. Hay que prescindir de quienes han hecho todas las reformas educativas desde los años 60; evaluar al profesorado para decidir si conviene renovarlo, reciclarlo, jubilarlo o despedirlo. Durante muchos años, se ha hecho docentes funcionarios a interinos cuyo único mérito era hacer cola.
Pero antes de eso hay que ir a los organismos e instancias que coordinan la educación. Me temo, además, que la enseñanza privada ha incorporado los peores vicios de la enseñanza pública. En definitiva, hay que hacer una reforma muy profunda, y me temo que muchos padres prefieren mirar hacia otro lado. Los estudiantes llegan a la universidad con una educación lamentable en términos tanto de aptitud como de actitud.
La gente se preocupa por los informes PISA, y sus resultados podrían estar incluso distorsionados al alza. Hay que despertar. Temo que hay una tendencia a la baja muy acusada en nuestra educación, a todos los niveles y en todo tipo de centros. En cuanto a las universidades, es evidente que tenemos un número excesivo de universidades y titulados: tenemos aproximadamente los mismos estudiantes que países europeos mucho mayores. Y, quizá más grave, los niveles de exigencia son muy bajos. Se ha convertido en una gran fábrica de expectativas infundadas en la que, en vez de educar profesionales, lo que se crea es una estirpe de hidalgos mal preparados, pero con unas expectativas infladas.
Pero se habla de que tenemos las generaciones mejor preparadas.
Ésa es la mentira más grande que se dice a nuestros jóvenes. Me da la impresión de que hay muchos padres con mala conciencia. Y ése es el auténtico núcleo del problema. Varias generaciones de padres que no han sabido educar a sus hijos y prefieren hacerles creer (y creer ellos mismos) que están bien educados. Padres que, en el fondo, han estafado a sus hijos.
Se piensa a veces en la fusión de universidades, yo me inclino más a cerrarlas y asegurarnos de que, en el futuro, estos centros son más selectivos, más exigentes con profesores y alumnos. Las universidades deberían competir, la financiación debería seguir al alumno. Ahora mismo, aún estamos viviendo en una burbuja que dudo que sea sostenible.
Pueden seguir al Profesor Benito Arruñada en su cuenta de Twitter. Su último libro, Empresa, mercado e instituciones, está disponible haciendo click aquí.
Diego Sánchez de la Cruz escribe regularmente en su blog de Libre Mercado, así como en su cuenta de Twitter y su página de Facebook.