Los distintos gobiernos -antes el PSOE y ahora el PP- insisten en que el sistema público de pensiones está garantizado, pero ocultan que la sostenibilidad financiera del mismo a medio y largo plazo implica condenar a la miseria a millones de futuros jubilados, ya que cobrarán prestaciones muy inferiores a las actuales. Esta realidad es bien conocida por los expertos desde hace muchos años, pero sigue siendo negada una y otra vez por los políticos. Y ello, a pesar de que la reforma del sistema aprobada en 2011 por el PSOE mostró claramente que el modelo de reparto vigente es insostenible, ya que retrasó la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y amplió -de nuevo- el período mínimo de cotización de 15 a los últimos 25 años de vida laboral.
Aún así, la reforma de 2011 es insuficiente para mantener en pie el sistema. De ahí, precisamente, que el Gobierno esté trabajando actualmente en la introducción de nuevos cambios para corregir de forma automática los desequilibrios estructurales que presentan las pensiones públicas en España. El concepto clave de esta nueva modificación es el llamado "factor de sostenibilidad" y, al igual que ya aconteció con la reforma de 2011, su aprobación supondrá un nuevo recorte a las futuras pensiones.
La combinación de una profunda depresión demográfica y la actual crisis económica impide la sostenibilidad financiera del sistema. La baja natalidad, la ausencia de relevo generacional, el aumento de la esperanza de vida, el progresivo envejecimiento de la población, así como la caída de afiliados y el aumento del paro hacen "inevitable afrontar una reforma en profundidad del sistema actual de pensiones", tal y como admite el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) en un reciente informe.
Y es que, en ausencia de reformas, el coste del sistema se triplicará en 2050, situándose en el 18% del PIB, entrando en un brutal déficit estructural a medio plazo.
El think tank del Ministerio de Hacienda ha elaborado uno de los documentos más claros y explícitos sobre el impacto real que tendrán ambas reformas (la de 2011, del PSOE, y el "factor de sostenibilidad", del PP) sobre el bolsillo de los futuros jubilados, y sus conclusiones no pueden ser más demoledoras:
[…] con este tipo de modificaciones los problemas de solvencia se evitan, pero a costa de aumentar las posibilidades de generar bolsas de pobreza entre la población jubilada, ya que se produce una reducción considerable de las pensiones recibidas.
Es decir, mantener el sistema público de reparto condenará a millones de futuros jubilados a cobrar pensiones muy bajas. En concreto, según dicho estudio, la aplicación de la reforma de 2011 junto a la introducción del "factor de sostenibilidad" supondrá reducir entre el 37% y el 60% el importe de las prestaciones en comparación con las actuales. Esto significa que, una vez que estos cambios entren plenamente en vigor, los futuros jubilados cobrarán entre 615 y 390 euros al mes de media (a precios constantes) frente a los 976 euros de hoy. Así pues, su capacidad adquisitiva real se verá reducida casi a la mitad entre 2012 y 2050.
El Gobierno dispone de tres vías para reformar el modelo vigente: cambiar por completo el sistema mediante la capitalización de las pensiones públicas, lo cual permitiría cobrar a los futuros jubilados unos 3.500 euros al mes -al estilo de Chile y los países del Este-; mantener el modelo de reparto, pero incluyendo ajustes a través de las "cuentas nocionales" para equilibrar lo que se aporta a través de las cotizaciones sociales y lo que se recibe posteriormente como pensionista -al estilo de Suecia-; o bien aplicar un mecanismo automático de corrección (factor de sostenibilidad) para adecuar de forma constante las pensiones a la esperanza de vida, la ratio de dependencia (cotizantes/pensionistas) o la coyuntura económica -al estilo de Italia, Francia, Alemania, etc.-.
PP y PSOE han optado por esta última opción, la menos radical, pero también la más perjudicial para los futuros pensionistas en términos monetarios. Por un lado, la reforma del PSOE aprobada en 2011 producirá un descenso en la pensión media de unos 3.000 euros anuales," lo que supone una reducción del 15% respecto a la prestación que cobrarían en ausencia de dicha reforma", según el citado estudio. Pese a ello, los expertos de Hacienda advierten de que este recorte tan sólo "implicará retardar la aparición del déficit en el sistema entre 4 ó 5 años" y, por tanto, "no será capaz de compensar el efecto negativo que ejerce el envejecimiento demográfico".
Por ello, dado que los efectos sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones de la reforma de 2011 van a ser "bastante reducidos", es "necesario plantear otro tipo de medidas adicionales, destacando entre ellas la aplicación, sin más demora, de factores de sostenibilidad", añaden. Este cambio es el que estudia aprobar en breve el Gobierno. En este sentido, existen múltiples fórmulas a aplicar para ajustar automáticamente las pensiones, pero las referencias más habituales para modificar la cuantía de la prestación o la edad de jubilación son la evolución de la "esperanza de vida" y la "ratio jubilados/cotizantes". La simulación elaborada por el IEF arroja el siguiente impacto:
- Acomodar las pensiones a la evolución de la esperanza de vida (ref11+esper) supondría un recorte extra del 22% sobre las prestaciones de los nuevos jubilados.
- Usar la tasa de dependencia (cotizante/jubilado) como única referencia (ref11+coti) supondría una reducción extra del 45%.
- Combinar ambas variables (ref11+media) implicaría un descenso medio del 25%.
Si a ello se suma el recorte del 15% que implicará la reforma aprobada en 2011 (cuya vigencia plena se producirá en 2027), el resultado sería una pérdida total de entre el 37% y el 60% sobre las pensiones actuales entre 2012 y 2050. "A la vista de estos resultados, parece claro que la aplicación de estos factores solventa el problema de sostenibilidad, pero puede generar uno de adecuación mediante la generación de bolsas de pobreza en la población pensionista", advierte el informe.
Efectivamente, "si se considera como factor de sostenibilidad la evolución de la tasa de dependencia o la media de esta con la esperanza de vida se observa los buenos resultados en términos de saldo presupuestario, ya que en ambas situaciones el sistema no entra en pérdidas, o éstas son mínimas, a lo largo de todo el periodo proyectado", tal y como resume el siguiente gráfico, aunque a costa, eso sí, de condenar a los futuros jubilados a cobrar pensiones míseras.
