Desde hace unas semanas, el Pacto de Estado es el tema de moda. Medios de comunicación a izquierda y derecha, políticos retirados, líderes sindicales e incluso el Rey han abogado por un gran acuerdo, similar a aquellos que caracterizaron los años de la Transición. La idea sería que los grandes partidos se unan y saquen adelante un puñado de medidas de calado, que saquen a España de la crisis.
Con más de seis millones de parados, en un principio puede parecer un planteamiento lógico. Como el Gobierno quizás no se atreva a aprobar reformas impopulares, para no cargar por completo con el coste de la medida, una solución podría ser que se rodee de la sociedad civil en su sentido más amplio, para sacar adelante esos cambios normativos que no pueden aplazarse más.
En general a los políticos les atrae la llamada a los Pactos de Estado. Les da la oportunidad de aparecer como estadistas, que anteponen el bienestar del país a sus intereses. Y la foto queda muy aparente, con 20 ó 25 líderes, unos cuantos sindicalistas y los presidentes autonómicos.
Pero, más allá de todo este aparato, habría que recordar que en cualquier caso, lo importante es qué se está pactando. Es decir, el Pacto de Estado tendrá sentido o no en función de que el contenido firmado sirva para el propósito buscado (en este caso, salir de la crisis). Y de eso casi nadie ha hablado en los últimos días.
Las propuestas
En realidad, lo que ha ocurrido es que los principales actores de ese hipotético acuerdo con el Gobierno han presentado sus propuestas. Comenzó el PSOE, le siguió IU y este jueves remataron la faena UGT y CCOO. Son los dos mayores partidos de la oposición y los sindicatos mayoritarios. Nadie se imagina un Pacto de Estado sin ellos. Ahora, en Moncloa tendrán que valorar si merece la pena intentarlo, sobre todo porque el planteamiento de sus posibles co-firmantes se aleja totalmente de las recomendaciones de los expertos.
Aunque los tres documentos son muy diferentes entre sí, contienen muchos elementos en común. Las líneas básicas programáticas de los mismos son muy parecidas. El hilo argumental que siguen socialistas, comunistas y sindicalistas es similar: 1) el problema no es de gasto público, sino de austeridad; 2) lo que hay que hacer es gastar más; por lo que no sólo hay que acabar con los recortes, sino que sería bueno implantar nuevos programas de inversión; 3) si es necesario, habría que subir impuestos, especialmente IRPF y Sociedades; y 4) dado que España no tiene un acceso fácil a los mercados, lo que hay que hacer es pedir ese dinero a la UE.
1. La "austeridad": es la palabra maldita para la izquierda europea. España, Italia, Portugal, Grecia o Irlanda entraron en colapso porque sus estados fueron incapaces de pagar su deuda pública y tuvieron que pedir ayuda a la UE. Tres de estos países acabaron rescatados, Italia llegó al borde del precipicio (y se salvó por la intervención del BCE) y España recibió una bolsa de 100.000 millones para su banca.
Nada de esto importa. Para PSOE, IU, UGT o CCOO el problema es de "austeridad", es decir, haber gastado demasiado poco. En este sentido, el principal culpable es Alemania y su canciller Angela Merkel, a los que se señala como impulsores de esta supuesta deriva.
2. Más gastos: es lógico que, con este diagnóstico, la receta para salir de la crisis sea incrementar el gasto público. En este sentido, los tres documentos coinciden: son necesarios grandes planes de "inversión pública" que reactiven y modifiquen el sistema productivo español. Las estrellas son las infraestructuras, algo clásico en las propuestas de la izquierda, pero no sólo. También hay espacio para planes contra el cambio climático, vivienda, I+D, renovables,…
El modelo es muy parecido al del famoso Plan E de Zapatero, pero en este caso son más ambiciosos. Así, mientras que aquél costó unos 8.000 millones de euros, los que proponen PSOE, IU y los sindicatos son mucho más atrevidos. Rubalcaba habló de 30.000 millones y Cayo Lara de 140.000. Poner en marcha el programa de Toxo y Méndez, aunque no tiene una cifra concreta, superaría con creces la cifra del Plan E original.
3. Más impuestos: junto a la subida de gastos, la izquierda tradicionalmente ha sido partidaria de subir los impuestos (algo que, por cierto, va en contra de las recomendaciones de Keynes, que pedía bajarlos para estimular el consumo). El problema es que esto no es muy popular, por lo que en las propuestas presentadas estos días se encubre un poco. No mucho, pero sí lo suficiente como para que no parezca tanto como es.
Para empezar, IU, PSOE, UGT y CCOO se centran en el fraude fiscal, como si ésta fuera la solución a todos los problemas presupuestarios del Estado. Se ha llegado a hablar de hasta 90.000 millones de ingresos extra si se aflorase toda la economía sumergida de España. Todos los expertos coinciden en que esta cantidad es irreal, por un lado, porque no hay ningún país avanzado que tenga un 0% de economía sumergida. Y por otro, porque atacar el dinero negro haría que algunas de estas actividades desaparecieran. Pero hablar de paraísos fiscales y defraudadores es electoralmente rentable, así que nadie evita una referencia a esta cuestión (también el PP lo ha hecho profusamente).
Pero la izquierda no se queda aquí. Los tres documentos piden subidas tributarias. ¿Cómo? Eliminando todas las deducciones (especialmente en IRPF y Sociedades), subiendo los tipos más elevados y creando nuevos impuestos, especialmente a las transacciones financieras y las grandes fortunas. Curiosamente, no se dice nada de subir el IVA (precisamente el tributo que los analistas creen que habría que subir si fuera imprescindible incrementar alguno), porque este impuesto al consumo es el más impopular, pues todos lo pagamos en la cesta de la compra.
4. Sin reformas: lo más curioso de los planes de la izquierda probablemente sea lo que no tienen. En un momento en el que existe un acuerdo más o menos unánime en la necesidad de que la economía española se modernice, las reformas brillan por su ausencia en sus propuestas. Ni liberalización de sectores, ni más flexibilidad en el mercado laboral, ni grandes cambios en la administración pública, ni cambios en la legislación empresarial. De hecho, lo único que apuntan en este aspecto los tres documentos es que debería anularse la reforma laboral de febrero de 2012 (incluso la aprobada por Zapatero en 2010) en lo que hace referencia a la flexibilidad interna de las empresas y la ruptura del poder de bloqueo sindical en la negociación colectiva.
5. Que pague la UE: es evidente, que en lo que hace referencia a sus cuentas públicas, España tiene una restricción muy importante. Tras cuatro años con déficits superiores a los 100.000 millones de euros, su acceso a los mercados de crédito está muy limitado. Si el Gobierno (sea del PP o del PSOE) quiere gastar más, tendrá que pedir el respaldo de la UE. No es posible mantener el incremento en el gasto sin su apoyo.
Esto no es una cuestión ideológica, sino práctica. Probablemente a PSOE, IU, UGT o CCOO no les guste, pero si uno gasta más de lo que ingresa, alguien tiene que prestárselo. Los inversores tradicionales han dado la espalda a España (y se la darían aún más rápido si el desequilibrio se acentuase), por lo que sólo la UE podría poner esa cantidad.
El problema es que desde Bruselas, Fráncfort y Berlín no parecen muy dispuestos a abrir la mano si no es a cambio de gestos por parte de los países del sur. Es lógico. Si ellos ponen el dinero, quieren asegurarse de que lo recuperarán. Y lo que exigen es exactamente lo contrario de lo que pide la izquierda española: menos gasto, rebajas de impuestos y reformas estructurales.
Pero eso no ha evitado que Rubalcaba, Lara, Méndez y Toxo incluyan en sus planes previsiones de ingresos que llegarían desde las arcas comunitarias. Sin este dinero, todas sus medidas se vienen abajo. Al final, sus rompedoras propuestas dependen de que Merkel dé su OK. Habría que ver cómo reacciona la alemana a un Pacto de Estado como el que plantean PSOE, IU, UGT y CCOO. Por ahora, Moncloa ha dicho que no.