Los sindicatos han pedido al Gobierno un pacto de Estado para salir de la crisis. ¿Es necesario? No tanto. Un pacto de Estado tiene sentido cuando el partido que ocupa el poder carece de mayoría absoluta en el Parlamento o, sobre todo, cuando gobierna en la Nación pero no así en una buena parte de las Administraciones territoriales. Este no es el caso del PP, que está al frente de doce de las diecisiete comunidades autónomas y de la mayoría de los ayuntamientos y diputaciones. Esta situación representa, sobre el papel, una gran estabilidad institucional, en el sentido de que es de suponer que las autonomías y los ayuntamientos donde gobierna el PP no van convertirse en oposición política a las medidas contra la crisis que el Gobierno quiera desplegar. Desde este punto de vista, por tanto, no se necesita pacto de Estado alguno, porque el Partido Popular cuenta con poder suficiente para hacer lo que hay que hacer; lo que le falta es la voluntad política, pero eso ya es harina de otro costal.
Un pacto de Estado, sin embargo, resultaría conveniente si el Gobierno de verdad quisiera hacer lo que hay que hacer, esto es, reformar por completo el modelo de Estado. La verdadera naturaleza de nuestra crisis es un crecimiento elefantiásico de lo público, sobre todo desde que existen las comunidades autónomas, las cuales se han dedicado a replicar a escala regional todo el entramado institucional de la Nación sin necesidad alguna. ¿Alguien puede explicar para qué sirven los defensores del pueblo, los consejos económicos y sociales o los tribunales autonómicos de defensa de la competencia, si no es para derrochar dinero, colocar a gente y jugar a ejercer un poder que no corresponde a las autonomías? Y por si no bastara con ello, como las autonomías no se financian con sus impuestos sino con la participación en los ingresos del Estado, dilapidan los recursos que tienen a su disposición en forma de universidades públicas sin alumnos o aeropuertos sin viajeros. El pacto de Estado que de verdad necesita este país es el de cerrar las autonomías de una vez por todas y buscar un modelo más racional de descentralización administrativa, porque este es una ruina económica y no cumple la función para la que fue creado, esto es, integrar a los nacionalistas. No hay más que echar un vistazo a Cataluña para comprender que el modelo ha fracasado.
El problema del pacto de Estado que proponen los sindicatos es que se trata de más de lo mismo, esto es, de no cambiar nada para que partidos y sindicatos sigan como siempre, y de exprimir todavía más al contribuyente para que siga pagando las facturas. Quien propone semejante dislate no quiere entender que, en última instancia, España se muere de estatismo, que el cáncer que la está matando es el sector público y que es ahí donde hay que aplicar cuanta cirugía sea precisa para poder sobrevivir y salir adelante. El Gobierno, por ello, hace bien en oponerse al mismo. Ahora lo que tiene que hacer es comprender de verdad la auténtica naturaleza de la enfermedad que gangrena la economía española y actuar en consecuencia. Mejor dicho, ahora lo que tiene que hacer es, simplemente, empezar a gobernar.