Todo comenzó con un ensayo de Ramón Trías Fargas donde se exponía cómo Cataluña contribuía al sostenimiento de la economía del resto de España muy por encima de lo que recibía. Evidentemente, desde el siglo XIX, a nadie se le hubiera pensado sostener tal cosa, a causa del proteccionismo que favorecía a la industria de la región, pero tras la apertura iniciada en 1959 esa realidad se alteró un tanto, y se buscó el lado fiscal para sostenerlo.
La crítica a esta pretendida realidad fue fácil, pero entre muchos contribuyentes de Cataluña hizo fortuna. Por eso, en un excelente texto publicado por el Instituto de Estudios Económicos, La cuestión catalana, hoy (Madrid, 2013), José Luis Feito escribe:
La mayoría de los que apoyan la secesión de Cataluña creen que una Cataluña independiente sería más próspera que la Cataluña actual. Según ellos, los beneficios fiscales que aportaría la separación superarían holgadamente los costes que generaría el nuevo Estado nacional. Algunos admiten que podría haber efectos nocivos a corto plazo resultantes de las consecuencias comerciales de la salida de la Unión Europea, así como de posibles represalias o efectos frontera con España. Pero estos costes (…) serían, en todo caso, transitorios y rápidamente se verían compensados con creces por el potencial de crecimiento que supone liberar a Cataluña del grillete fiscal con el que España la asfixia económicamente.
La vieja proposición de Trías Fargas es la que Ezequiel Uriel, catedrático de Estadística, criticó con agudeza y prontitud, sin que haya sido replicado científicamente. "En el año 2009, en lugar de tener una aportación positiva a la solidaridad interterritorial de 16.409 millones de euros, la aportación de Cataluña es negativa por un montante de 4.015 millones", lo que obliga al Estado a emitir deuda pública que provoca un efecto expulsión de la actividad del conjunto español, bien conocido.
Como señala en La cuestión catalana, hoy Almudena Semur,
con la llegada de la crisis, el debate sobre la financiación se ha ido agudizando en la comunidad autónoma catalana. Llegando incluso a convertirse en uno de los principales argumentos del independentismo. El hecho de que no todos los ingresos aportados por esta comunidad a las arcas del Estado reviertan después en la misma proporción en territorio catalán mediante gastos e inversiones ha calado en un gran sector de la ciudadanía catalana. Bajo su punto de vista, el esfuerzo fiscal que soportan genera un déficit que resulta perjudicial para el desarrollo económico de Cataluña… Y expresiones como "España nos roba" o "el expolio fiscal" están en el orden del día de la campaña electoral catalana.
Con agudeza apunta Semur:
Si aplicáramos la misma regla de tres que aplica el Gobierno catalán, los contribuyentes que más impuestos pagan al Estado deberían recibir más contraprestaciones.
Más de una vez ha habido un levantamiento empresarial catalán. Recordemos el diálogo, en defensa del arancel, que Santiago Rusiñol acertó a redactar en L’auca del senyor Esteve, o la reacción contra las medidas presupuestarias para devolver al Banco de España los préstamos que había exigido la guerra de Cuba, que precisamente tuvo el apoyo de la alta burguesía de esta isla, por defender España la venta, sin competencia, de artículos catalanes en nuestras Antillas. Esa reacción fue el famoso tancament de caixes, cierre de las cajas al pago de los impuestos decididos por el ministro de Hacienda, Fernández Villaverde.
Como escribe el catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona Tugores, no es posible olvidar que la articulación entre Cataluña y el resto de España
debe hacerse con la mayor transparencia y pluralidad, bajo los parámetros europeos de los pasos integradores (…) y democráticos, que potencien, en vez de propiciar retrocesos, lo que probablemente es el rasgo más esencial del amenazado modelo europeo.