A lo largo de las últimas semanas, el debate fiscal ha irrumpido con fuerza en la sociedad. Los pobres resultados que, de momento, exhibe el reformismo renqueante del Gobierno en lo que concierne a la salida de la crisis, plasmados en una Encuesta de Población Activa que da fe de la inusitada extensión del desempleo, han sido el catalizador de una controversia que, de momento, se ha centrado en el impuesto sobre la renta, pero que seguramente acabará extendiéndose sobre el conjunto de las figuras impositivas que gravan a los españoles.
Que la discusión haya puesto su foco en el IRPF no es nada extraño si se tiene en cuenta que es ahora, con la campaña de la renta, cuando la mayoría de los contribuyentes han empezado a tomar conciencia de lo que la reforma Montoro del año pasado supone para sus bolsillos. Los números son, a este respecto, muy claros. Si antes de la crisis –en 2008, más concretamente– este impuesto recaudaba una cifra equivalente al 11,3 por ciento de las rentas declaradas, en el último año (2012), según los datos aún provisionales de la Agencia Tributaria, esa proporción se elevaba hasta el 12,1 por ciento. Con este aumento de la presión fiscal, la Hacienda Pública casi ha logrado equiparar la recaudación del último ejercicio (70.619 millones de euros) con la de cuatro años antes (71.341 millones), salvando así el bache que, con la crisis, se produjo en el rendimiento del impuesto.
Sin embargo, esa operación no ha sido neutral en la perspectiva de los contribuyentes, pues han sido los perceptores de rentas del trabajo los que han cargado con la totalidad del aumento de la carga tributaria. En efecto, si en 2008 las rentas del trabajo cotizaban en promedio al 14,4 por ciento, en 2012 lo hacían más de dos puntos porcentuales por encima, al 16,7. Y la suerte de los pensionistas no ha sido mucho mejor, pues si en la primera fecha sus rentas estaban gravadas, como media, en un 5 por ciento, en la última el tipo impositivo se había incrementado hasta el 7 por ciento. Entre tanto, las demás rentas –entre las que se contabilizan las de carácter mixto percibidas por los empresarios, profesionales y autónomos, y los rendimientos del capital– no habían visto crecer su gravamen, que seguía anclado en el 8 por ciento. El IRPF, que ya era principalmente un impuesto sobre el trabajo asalariado, ha visto así acentuado este carácter. Expresado en términos cuantitativos, si en 2008 la tributación sobre el trabajo proporcionaba el 81,1 por ciento de la recaudación, con la reforma Montoro tal proporción ha llegado hasta el 86,5 por ciento. El ministro de Hacienda puede presumir de que, con ella, ha "descolocado a la izquierda", aunque lo que verdaderamente ha hecho es exprimir a las clases medias asalariadas, pues no debe olvidarse que son ellas las que soportan la mayor parte del impuesto.
El debate fiscal se ha centrado, de momento, en las cuestiones referentes a la eficiencia, de manera que ha puesto su énfasis en los efectos perniciosos de una excesiva presión impositiva para asentar la recuperación de la economía. Ello se mezcla con la cuestión del ajuste fiscal necesario para equilibrar las cuentas de las Administraciones Públicas. Aceptando la necesidad de tal ajuste, la mayor parte de los estudios sobre el asunto han destacado que es preferible asentar la corrección del déficit público sobre las reducciones del gasto público –excepción hecha de las inversiones y algunos gastos que generan importantes externalidades, como los de I+D o los de educación– que sobre una elevación de los impuestos. En este sentido han incidido, en los últimos años, diversos informes publicados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que no parecen haber sido atendidos por los decisores de nuestra política económica, más proclives a subir los tipos impositivos que a pegar tajos en el presupuesto. Ello no me sorprende, pues es más fácil, desde el punto de vista político, publicar una norma que casi nadie entiende en el Boletín Oficial del Estado que reducir los programas de gasto y, con ello, generar extensos grupos de ciudadanos damnificados. Lo malo es que, a veces, como en nuestro caso, se hace lo uno y lo otro, ampliándose así los descontentos.
El caso es que, llegados al actual deterioro de la economía española, se hace precisa una rectificación. Y en este sentido han sido numerosas las voces que se han levantado para aconsejar al Gobierno una rebaja en la presión fiscal. Ya en 1933, en medio de la Gran Depresión, Keynes escribió en The Means to Prosperity que "si se le da tiempo, una menor presión fiscal tendrá mayores opciones que una subida de ésta para equilibrar el presupuesto"; y añadió para enfatizar en su argumento que subir los impuestos equivale a "imitar a un empresario que, estando en pérdidas, decide subir los precios". Keynes sabía que esta última era una mala opción empresarial, pues normalmente conduciría a la ruina. De ahí su recomendación de sujetar la presión fiscal. Y de ahí también la traslación que ahora se hace de ese consejo para aplicarlo en el caso de España, aprovechando la situación que se ha generado con la reducción de los costes del endeudamiento público y la relajación de las exigencias de la Comisión Europea con respecto al plazo en el que ha de ajustarse definitivamente el déficit.
Pero no sólo se ha discutido sobre la eficiencia, pues, aunque marginalmente, también se ha incidido en la cuestión de la equidad. Lo ha hecho el exministro socialista y profesor universitario en ejercicio Miguel Sebastián, quien recientemente ha señalado, criticando a su propio partido, la paradoja de que "la única oposición que tenemos a Rajoy es Esperanza Aguirre". El caso es que Sebastián, aludiendo al actual tratamiento fiscal de las rentas del trabajo en el IRPF, afirmó que éste "no es un impuesto progresista", a la vez que alertó sobre los negativos efectos que su subida tiene sobre el trabajo, el ahorro y la competitividad de la economía. El que fuera asesor de Zapatero escribió recientemente un artículo en el diario El Mundo en el que reclamaba para la izquierda la bajada de los impuestos "porque el objetivo de conseguir recursos requiere abordar la fiscalidad de forma global, promoviendo la eficiencia y el crecimiento y persiguiendo el fraude", señalando a continuación que "subir los tipos impositivos seguramente será la peor forma de conseguir dicho objetivo".
La contribución de Miguel Sebastián al debate fiscal me parece interesante porque, más allá de la discusión sobre si determinados principios son o no progresistas, abre la controversia al conjunto de las figuras impositivas y su papel en la recaudación. En mi opinión, en España se necesita una reforma fiscal a fondo que rebaje los costes impositivos del trabajo e incentive la inversión, a la vez que amplíe su base recaudatoria hacia el conjunto de los ciudadanos y corrija el hecho de que, en este momento, sean sólo un tercio de ellos los que soportan alrededor de las tres cuartas partes de la carga tributaria. Esta debiera ser ahora la tarea del Gobierno, pero me temo que su parsimonioso conservadurismo le impida abordarla antes de que sea demasiado tarde.