La "expropiación temporal" de viviendas a los bancos aprobada recientemente por la Junta de Andalucía para frenar los desahucios en la comunidad está suscitando dudas dentro y fuera de España. El Gobierno central ya ha mostrado su desacuerdo en varias ocasiones. Por su parte, Bruselas desconfía de que el plan de la Junta sea legal ya ha pedido más información al respecto al ministerio de Economía. Los expertos del sector inmobiliario critican también esta medida que consideran que desalienta la inversión extranjera en España en el maltrecho sector.
"Es tercermundista, populista y parecida a políticas que normalmente vemos en Bolivia y Corea del Norte". Así define Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora inmobiliaria Irea, con sede en Madrid. "Los inversores temen que sentará un precedente y otras regiones harán lo mismo", lo que supone un alto riesgo para el sector inmobiliario español, según informa Bloomberg.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó hace unas semanas el decreto-ley sobre la función social de la vivienda, que aspira a convertirse en un "plan de choque" para frenar la "sangría social" de los desahucios. La norma incluye dos medidas destacadas. En primer lugar, el decreto-ley incluye una disposición que posibilitará a la Junta expropiar temporalmente, durante un periodo máximo de tres años, el uso de inmuebles inmersos en procedimientos de desahucio.
El decreto-ley ya está en marcha. El procedimiento de "expropiación temporal" será de aplicación a inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos que, a cambio recibirán el 2% del justiprecio, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones.
Andalucía alega que expropiar pisos garantiza el "derecho a la vida", sin embargo no cuenta con que reactivará la inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario. La desconfianza de los inversores en un sector que aún está lejos de levantar cabeza también aumentará considerablemente, según los expertos.
"La seguridad legal de los inversores internacionales en España se está acercando a niveles de los países del Tercer Mundo", resalta Echevarren en declaraciones a Bloomberg, quien afirma que "embargar" los derechos de propiedad de la vivienda reducirá significativamente su valor y repercutirá negativamente sobre su venta.
Bruselas desconfía de este plan andaluz y cree que podría poner trabas al Gobierno para el cumplimiento de los términos del plan de rescate a la banca. Los inspectores de la troika (formada por la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) analizarán la semana que viene en su tercera visita a Madrid si el decreto andaluz antidesahucios, que prevé la expropiación temporal de viviendas a los bancos, se ajusta a las condiciones del rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros concedido por el Eurogrupo a España.
"Los inversores temen que siente un precedente y que otras regiones sigan el ejemplo,haciendo de la inversión inmobiliaria en España una actividad de extremado alto riesgo", añade el consejero delegado de Irea.