Los datos son claros: por mucho que se hable de austeridad, las Comunidades Autónomas gastan en 2012 más que en 2006. Los presupuestos regionales para el ejercicio pasado alcanzaron los 174.500 millones de euros, 28.000 millones más que en 2006, cuando el país estaba en la fase expansiva de la burbuja. Las plantillas de empleados autonómicos son hoy mayores que entonces en más de 300.000 personas, y tanto el gasto en educación como el gasto en sanidad han crecido más de un 16% respecto a 2006.
Siguiendo con los datos de las CCAAs, es importante señalar que el nuevo informe de BBVA sobre el déficit autonómico subraya que las administraciones regionales han gastado 112.000 millones más de lo que ingresaron durante el periodo 2003-2012. El presupuesto autonómico por habitante es hoy un 8% mayor que entonces, y el 80% del déficit autonómico se debe a este aumento del gasto público. Por otra parte, y sin dejar de hablar de las CCAAs, hay que subrayar también que los gobiernos regionales mantienen facturas sin pagar por más de 10.300 millones de euros.
Ante semejante descontrol, no debería sorprendernos que el Gobierno español reconozca que no sabe lo que cuestan las 149 embajadas autonómicas que siguen abiertas después de un año y medio de legislatura. En 2010, su coste fue estimado en 150 millones de euros por el Partido Popular. La región con más embajadas autonómicas es Cataluña, que llegó a tener 48 oficinas de este tipo.
La sangría que sufre el sector privado también tiene mucho que ver con la conflictividad laboral agitada por los sindicatos y, a menudo, por PSOE e IU. Tomemos como referencia la situación de Madrid: de acuerdo con datos del gobierno regional, la proliferación de huelgas en 2012 redujo el PIB autonómico en 1.758 millones, provocando la pérdida de 23.870 puestos de trabajo. En doce meses, la capital sufrió 2.500 manifestaciones (a una media de siete por día) y más de 60 huelgas. Esta conflictividad agitada por los sindicatos y la oposición política supuso una caída del PIB del 0,2% en lugar de un crecimiento del 0,3%. Esto situó las horas de trabajo perdidas en 7,2 millones, lo que supuso unas pérdidas de 140 millones. Pese a todo, Madrid sigue adelante gracias a las rebajas de impuestos y la creación de empresas.
Si la conflictividad laboral es un problema, también lo es el exceso de burocracia y regulación: su coste para los autónomos supera los 1.100 millones de euros cada año. De hecho, la falta de unidad de mercado puede estar costando a España más de 45.000 millones de euros. No obstante, las Administraciones siguen regulando a un ritmo frenético: el año pasado, un millón de páginas más de nuevas normativas.
Otro factor que hace mucho daño al sector privado y apuntala la sobredimensión del Estado son los impuestos. Esta semana hemos conocido que el Ejecutivo revisará el Impuesto de Sociedades, lo que se traducirá en una subida de impuestos valorada en 3.000 millones de euros.
El cuadro en el IRPF tampoco es positivo. España es uno de los países en los que este tributo es más alto: el tipo máximo medio en la UE es del 38%, pero en nuestro país alcanza el 52%. A esto se le suman los diferentes "recargos" que se añaden a los tipos generales. Frente a semejante desaguisado, Pedro Schwartz ha pedido que se unifiquen todos los tramos con un gravamen único del 18%.
Estas propuestas son un soplo de aire fresco después de las casi 30 subidas de impuestos aprobadas por el gobierno central en 2012 o a las más de 50 subidas de impuestos aprobadas por los Ejecutivos autonómicos en plena crisis. Peor aún: el 75% de los ayuntamientos (más de 6.000 consistorios) subió el IBI en 2012. El aumento medio del gravamen fue del 10%, y la contribución media por hogar es de casi 800 euros. Hoy en día, el sector privado financia al 70% de la población (empleados públicos o receptores de transferencias).
Ante este panorama, no es de extrañar que, según el último informe del Día de la Liberación Fiscal, el español medio pague 8.667 euros al año en impuestos. Esto equivale a que todos los ingresos obtenidos entre el 1 de enero y el 3 de julio sean dedicados a cumplir con las obligaciones impuestas por el fisco, lo que equivale a entregar 184 días de salario a Hacienda.
Tampoco ayuda el sobrecoste registrado en numerosos proyectos de gasto público. Por ejemplo, los 8.966 millones abonados por el AVE Madrid-Barcelona superan en un 18% el precio fijado inicialmente en los concursos. Otro triste ejemplo de despilfarro lo tenemos en un submarino encargado por la Armada española que ha sido completado con sobrepeso y, por tanto, deberá ser reparado con cargo al contribuyente. El programa en que se enmarca este proyecto ha costado ya más de 2.000 millones de euros.
Un ejemplo más: según el Tribunal de Cuentas, siete de cada diez obras del Primer Plan E ni siquiera eran "necesarias para los municipios". Dicho plan de estímulo costó más de 8.000 millones y supuso un desembolso un millón de euros por cada puesto de trabajo estable subvencionado. Al primer Plan E le siguió una segunda fase que ni siquiera era constitucional.
Para explicar el absoluto descuadre fiscal de España también es importante tener en cuenta que el dinero inyectado por el Estado a las cajas de ahorro ha supuesto más del 10% del PIB, superando los 113.000 millones de euros. De dicho montante, al menos 34.000 millones no serán devueltos, tal y como admite el FROB. La situación podría haberse evitado con mecanismos de quitas y capitalización privada como los que se han aplicado en las preferentes (con un ahorro estimado para los contribuyentes de entre 12.000 y 13.000 millones de euros).
Las subvenciones son otra vía de gasto donde tampoco se aprecia un cambio de rumbo. Esta semana hemos conocido que la Generalidad de Cataluña ignorará su lamentable situación fiscal para subvencionar un programa de "educación bilingüe en Guatemala". Dicho capítulo de gasto resulta curioso si tenemos en cuenta que el Ejecutivo que encabeza Artur Mas apoya repetidamente la inmersión lingüística en Cataluña.
También los casi 4.000 "entes públicos" (empresas, fundaciones, etc.) concentran buena parte del gasto público que políticos de uno y otro signo se niegan a recortar. A lo largo de 2012, sus plantillas han aumentado de 147.700 a 159.300 empleados. A esto le añadimos los miles de trabajadores que han sido "colocados a dedo" en la Administración.