El Banco de España tumba los argumentos de Ada Colau

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuyo máximo exponente es la polémica Ada Colau, lleva meses protagonizando una intensa campaña mediática para denunciar el "drama social" -e incluso "genocidio"- que provocan los desahucios en España, hasta el punto de liderar el movimiento de acoso a políticos del PP para imponer su propuesta legislativa. Y todo ello, empleando como principal y casi único argumento el elevado número de ejecuciones hipotecarias que se han producido desde el inicio de la crisis.

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En este sentido, la PAH ha empleado insistentemente las cifras publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para proclamar que España acumula más de 400.000 desahucios desde 2008. Su mensaje ha calado hasta tal punto que el Gobierno ha aprobado la paralización temporal de los desalojos e incluso ha reformado la Ley Hipotecaria para reforzar la protección de los deudores. Este dato, sin embargo, no es correcto y constituye una de las grandes falacias que distorsiona el problema de los desahucios.

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Efectivamente, según el CGPJ, el número de ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados asciende a un total de 415.117 entre 2008 y 2012, a un ritmo medio de 83.000 casos al año. Sin embargo, la PAH obvia que no todas las ejecuciones acaban en desahucio (lanzamiento o desalojo) y que, además, la inmensa mayoría de éstas no afectan a la primera y única vivienda. Las ejecuciones y lanzamientos que contabiliza el Poder Judicial incluyen todo tipo de procesos: inquilinos expulsados por no pagar el alquiler, segundas viviendas, extranjeros que regresan a su país de origen y abandonan el piso, promociones inmobiliarias requisadas a la empresa deudora o demandas judiciales en las que al final se llegó a un acuerdo.

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Es decir, las cuentas del CGPJ no desglosan a qué corresponde cada caso, por lo que no son válidas para contabilizar lo que el común de los mortales entiende por "desahucio": desalojar por la fuerza (vía judicial) a una familia de su única propiedad (vivienda habitual) por impago de hipoteca. Tanto es así que el propio Poder Judicial tuvo que matizar que los desahucios de primera vivienda apenas ascenderían a 25.000 desde 2008 (el 10% del total de ejecuciones hipotecarias), en línea con las estimaciones ofrecidas por las entidades financieras.

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Ahora, el Banco de España (BdE) ha vuelto a desmentir el eje argumental que emplea la PAH para exigir la paralización de los desahucios y la aprobación de la dación en pago con carácter retroactivo. La entidad que dirige Luis Linde ha publicado este viernes la primera estadística oficial sobre ejecuciones hipotecarias en España, pero limitada tan sólo a personas físicas y a vivienda habitual. El siguiente cuadro resume las principales conclusiones del informe.

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1. El número total de hipotecas a hogares para adquisición de vivienda habitual asciende a 6,1 millones a cierre de 2012.

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2. El número de viviendas habituales entregadas como resultado del impago de hipoteca se situó en 32.490 en 2012 (0,53% de las hipotecas totales).

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3. Sin embargo, dentro de las entregas de primera vivienda hay que diferenciar entre las voluntarias (tras llegar a un acuerdo entidad financiera e hipotecado) y las forzosas (por vía judicial).

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• Las entregas voluntarias se situaron en 18.325 (56%), y de éstas 14.110 implicaron dación en pago (43% del total), es decir, la entrega de la propiedad conllevó la extinción total de la deuda.
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• Desahucios de primera vivienda (lanzamientos forzosos): las entregas de inmuebles para cuya posesión fue necesario acudir a la vía judicial ascendió a 14.165 el pasado año (44%).
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• Además, en estos casos de desahucio por vía judicial, 11.760 pisos estaban vacíos en el momento de la posesión y tan sólo 2.405 seguían ocupados.
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Tumba varios mitos

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Así pues, la estadística del BdE tumba de golpe varios mitos propagados por la PAH, que han servido de excusa al propio Gobierno para paralizar temporalmente desahucios y cambiar la Ley Hipotecaria.

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El primero, y más importante, es el referido al número total de desahucios. Según esta estadística, tan sólo se produjeron 14.165 desalojos forzosos (vía judicial) de primera vivienda en 2012, una cifra muy en línea con los 15.000 casos hasta 2011 que reveló la banca y los cerca de 25.000 desde 2008 que estima el Poder Judicial. Pero con independencia de la cifra exacta, todas ellas están a años luz de los 400.000 desahucios que denuncia la plataforma de Colau.

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Los datos también muestran que la entrega de vivienda habitual por impago tan sólo afectó al 0,53% de las hipotecas, desmintiendo la existencia de un problema generalizado -el "drama social" que proclama la PAH-. Además, a diferencia de lo que denuncia esta plataforma, el informe pone de manifiesto que en la mayoría de los impagos (56%), entidad y deudor llegaron a un acuerdo. Y en estos casos, el 77% de las entregas voluntarias pactadas por las partes incluyó la dación en pago, de modo que el traspaso de la vivienda saldó toda la deuda.

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Por otro lado, hay que destacar que dentro de los desahucios judiciales (los 14.165 de los que hablábamos) sólo 2.405 desalojos se produjeron con la vivienda ocupada (estos son realmente los casos que la mayoría de la población entiende que se produce un desahucio en sentido estricto y de los que los medios se hacen eco). Es decir, que esos cientos de miles de casos de familias a las que, en teoría, se expulsaba de su casa sin tener otro sitio al que ir, en realidad, no llegan a 2.500 en el peor año de la crisis. Esto supone el 7% de las entregas y el 0,04% del volumen total de hipotecas.

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Dando un paso más, el Banco de España apunta a que sólo en 355 ocasiones fue necesaria la intervención de las fuerzas del orden para forzar el desalojo. Esta última cifra contrasta con los "miles" de casos en los que, según la PAH, han intervenido sus afiliados para evitar el desahucio. Con todas estas cifras sobre la mesa es lógico preguntarse si era necesario cambiar la Ley Hipotecaria, que afecta a seis millones de hipotecas, o podría solucionarse el problema con medidas dirigidas a esas 2.500 familias desalojadas.

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