Durante esta misma semana se ha celebrado en Madrid el SiGS’13, el tercer congreso español sobre el juego online, una cita en la que los distintos participantes en este sector han analizado su desarrollo un año después de que fuese legalizado.
Un año que ha supuesto, a decir de la mayoría de expertos, una decepción: la alta fiscalidad, fijada en torno al 25% y que el Ministerio de Hacienda no tiene intención de modular o rebajar -más bien al contrario, amenaza con investigaciones y persecución-, y el moderado crecimiento estadístico han deparado unos resultados económicos que algunos no dudaron en calificar como “pobres” y que, en cualquier caso, están lejos de lo esperado.
Uno de los puntos problemáticos que se destacaron fueron las divergencias entre las trabas de las distintas administraciones autonómicas y la estatal, que “arroja sombras y dudas sobre el futuro”. En este sentido, se destaco lo que viene ocurriendo con la ley de unidad de mercado, que podría ser muy beneficiosa para el sector del juego pero que parece varada por esas discrepancias.
De hecho, los reguladores autonómicos asistentes, Fernando Prats (Madrid), Aitor Uriarte (Euskadi) y Luis Miguel González Gago (CyL), defendieron sus competencias en materia de juego frente a los intentos de la Administración central de unificar criterios sobre una industria que se pretende armonizar sin que las CCAA lo apoyen.
“Generar ingresos y no ayudar”
El subdirector general de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos del Ministerio de Hacienda, Javier Pérez Fadón, desveló los planes de su departamento para el sector, avanzando que no es el momento de modificar la fiscalidad que le afecta, entre otras razones por la negativa de la UE a que exista diferenciación en el trato fiscal entre el juego online y el presencial.
“El Ministerio de Hacienda tiene la obligación de generar ingresos y no de ayudar a crear una industria”, llegó a afirmar Pérez Faldón, dejando muy claro que la prioridad de su ministerio es la sangría del contribuyente, cueste lo que cueste.
En definitiva, una actitud de inmovilismo por todas las administraciones implicadas que no parece que vaya a modificarse salvo que, como algunos asistentes apuntaron, el juego online caiga en picado, se cierren empresas y todos los jugadores huyan a otros operadores de forma que, sin actividad alguna, las administraciones también se queden sin ingresos.