La generosidad del sistema sanitario español con los extranjeros es bien conocida por todos. De hecho, el Tribunal de Cuentas ya advirtió el año pasado que hay un uso abusivo "deliberado" del sistema por parte de extranjeros.
En 2009, España facturó 441,1 millones de euros a 26 países de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, por la asistencia médica prestada a ciudadanos de estos países, mientras que el gasto que supuso la asistencia de españoles en el extranjero sumó 46,2 millones de euros.
Esta diferencia, según el Tribunal en el informe de fiscalización sobre la atención sanitaria a extranjeros, solo obedece a que "España es un país eminentemente receptor de turistas y residentes extranjeros".
Pero el problema viene cuando el importe de esas facturas no se paga. Y precisamente este es uno de los pocos casos en los que España tiene suficientes razones para echarle un "rapapolvo" a Alemania porque es el país europeo que más le debe. Según informa el diario el Economista, el país germano acumula una deuda con la administración española de más de 25 millones de euros.
El coste generado por el acceso gratuito de los alemanes a nuestro sistema sanitario supone el 18% de la deuda total de los países de la UE con España que asciende 138 millones. A través de la tarjeta sanitaria europea, todos los ciudadanos de la UE tienen acceso, sin coste alguno, a los servicios sanitarios de los países miembros porque su país de origen después se hará cargo del importe de esa factura.
Pero a pesar de ser el país más moroso con España, Alemania sí se da prisa en cobrar sus facturas. Según el último informe del Tribunal de Cuentas, el importe facturado por Alemania por el uso de sus servicios en su país fue un 477% superior a la facturación emitida por España en proporción a los alemanes que usaron la atención sanitaria española. También, el número de facturas recibidas por España procedentes de Alemania fue hasta un 716% superior al número de facturas emitidas por España a este país.
El Tribunal ha exigido al Instituto Nacional de la Seguridad Social "que determine las razones por las que se producen estas diferencias tan significativas" entre ambos países y ha instado a los Servicios de Salud de las CCAA a adoptar las medidas necesarias para agilizar el cobro de estas facturas.