A pesar de que la tasa de paro ha escalado hasta el 27,16% y el número de desempleados ha superado por primera vez la barrera de los seis millones, las manifestaciones organizadas por UGT y CCOO con ocasión del Día Internacional del Trabajo han tenido un ridículo poder de convocatoria, como evidencia especialmente el escaso seguimiento de la marcha que ha tenido lugar en Madrid, menor aun que la del año pasado.
A nadie debería de extrañar, sin embargo, que el descrédito de las privilegiadas organizaciones sindicales vaya parejo con el deterioro económico. Muchos españoles recuerdan la complicidad de los sindicatos con la política de Zapatero y cada vez son más los que no ven grandes diferencias con la que está llevando a cabo Rajoy.
Por mucho que CCOO y UGT digan "No a la austeridad" y reclamen "un cambio de política", ¿a qué austeridad se oponen? ¿A la que nos ha llevado a tener en 2012 el mayor déficit de la UE? ¿A la que ha hecho que la deuda pública pase del 69,30 al 84,20% del PIB en un solo año? ¿Les parece a los sindicatos propia de un Gobierno austero la brutal y empobrecedora subida de impuestos a la que nos ha sometido Rajoy? ¿Les parece austero el despilfarro que supone el ruinoso mantenimiento de miles de empresas, fundaciones y chiringuitos públicos a cargo del contribuyente? ¿Les parece austero las todavía cuantiosas subvenciones que el Gobierno sigue brindando a patronal y sindicatos?
Bien está que los sindicatos pidan un cambio de política. El drama está en que ellos son uno de los principales obstáculos al cambio que España necesita, pues son grandes beneficiarios del injusto e insostenible statu quo. Ojalá los líderes de CCOO y UGT reclamasen las reformas que Rajoy se niega a acometer, empezando por la destinada a establecer que sean los afiliados, y nos los contribuyentes, los que sostengan a los sindicatos, a la patronal y a los partidos políticos. O la destinada a promulgar de una vez una ley que regule el derecho a la huelga.
Ojalá los sindicatos se opusieran –como sí se oponen las centrales alemanas– a la monetización de deuda por parte del BCE como vía de escape para los Gobiernos que, como el de Rajoy, se empeñan en gastar más de lo que ingresan. Ojalá los sindicatos instaran a Rajoy a llevar a término una reforma, que se ha quedado a medias, como la destinada a liberalizar el todavía muy encorsetado mercado laboral. Ojalá protestaran también contra la irresponsable renuencia del presidente a acometer una auténtica reforma destinada a eliminar duplicidades en el insostenible y disgregador modelo autonómico.
Pero no lo hacen. La única política de crecimiento que respaldan es la que ahonda en la recesión mediante un incremento del gasto público que sólo puede ser sustentado con más impuestos, más deuda o más inflación. Los sindicatos forman parte de esta casta política y de ese sector público que se niega a apretarse el cinturón, por mucho que su peso sea una losa para la recuperación económica y para la creación de empleo. No extrañe, pues, el escaso seguimiento de su falaz protesta.