Ángel de Cabo, quien fuera la mano derecha de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, ha declarado por primera vez este miércoles en la Audiencia Nacional para señalar que se sintió "engañado" por el expresidente del Grupo Marsans ya que cuando compró sus empresas descubrió que éstas habían sido "vaciadas y alzadas" previamente.
De Cabo, considerado el liquidador del entramado de Marsans, ha declarado de forma voluntaria este miércoles ante el magistrado Eloy Velasco, instructor de la denominada "operación Crucero".
Durante el interrogatorio, el empresario valenciano, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado mes de mayo, se ha presentado como una víctima de los planes empresariales llevados a cabo por el expresidente de la CEOE. En este sentido, Ángel de Cabo ha asegurado que cuando supo del fraude dejó de dirigirse la palabra con Gerardo Díaz Ferrán.
Asimismo, el imputado ha señalado que el dinero que entregó a Díaz Ferrán –presuntamente entregas mensuales de 100.000 euros hasta llegar a los 8 millones- fue un "préstamo".
Préstamos contradictorios
De esta afirmación se deduce que, aunque ambos imputados no se hablaban, uno de ellos prestaba dinero al otro. En este contexto, De Cabo compró el barco del expresidente de la CEOE y consintió además a éste que siguiera utilizándolo pese a ser él el nuevo propietario, han informado fuentes jurídicas.
De la investigación judicial llevada a cabo hasta el momento, se desprende que Díaz Ferrán y su exsocio, el fallecido Gonzalo Pascual, diseñaron un plan que tendría como "base" un acuerdo alcanzado entre los dueños de Marsans y De Cabo, "consistente en el traspaso del grupo empresarial y sus derechos así como el patrimonio familiar y personal de los primeros al entramado de este último creando una aparente insolvencia".
Como parte de esta estrategia, Ángel de Cabo, a través de empresas de su entorno, habría tomado el control del Grupo Marsans. El juez Velasco, que abrió esta causa tras admitir a trámite una denuncia presentada en febrero de 2012 por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, ordenó el pasado 5 de diciembre el ingreso en prisión de De Cabo y Díaz Ferrán tras imponerles sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros, respectivamente. En el caso del expresidente de la patronal, la Sala de lo Penal rebajó su caución a 10 millones.
A Díaz Ferrán se le imputan indiciariamente los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal. De cabo volverá a prestar declaración judicial el próximo martes.