El Gobierno está preparando un plan para poner a dieta a todos los niveles de la Administración Pública, incluido el autonómico, con el fin de luchar contra el déficit presupuestario. Todavía no se conoce su contenido, pero el hecho de que el Ejecutivo comprenda de una vez por todas que la salida de la crisis pasa necesariamente, y en primer lugar, por poner fin al desequilibrio de las cuentas públicas ya constituye de por sí un importante avance.
Y es que a estas alturas ya no nos podemos seguir llamando a engaño. Las subidas de impuestos no hacen más que agravar la crisis porque deprimen la actividad del sector privado, lo que provoca una mayor caída del PIB, más paro y que mermen los ingresos presupuestarios, con lo que al final el incremento de la presión fiscal no se traduce en una mayor recaudación que reduzca el déficit. Además, la financiación del mismo se hace a expensas de los recursos que necesita el sector privado, lo que está provocando el cierre de muchas empresas y que otras tantas tengan graves dificultades; y esto, como es lógico, se traduce en una menor recaudación tributaria, mientras la acumulación de tanta deuda dispara los gastos por el lado de la partida destinada a los intereses de la deuda, lo que alimenta el déficit. Por estos motivos, cualquier estrategia de superación de la crisis debe asentarse sobre el pilar del equilibrio presupuestario.
Ahora bien, en el caso de las autonomías, yo creo que la cuestión no es tanto actuar sobre los gastos como hacerlo por el lado de los ingresos. Me explico. Lo que creo que habría que hacer es cambiar el sistema de financiación autonómica poniendo fin a la participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado, porque este sistema genera todo un conjunto de incentivos perversos para gastar más a costa del Estado, ya que los dirigentes regionales no tienen que recaudar de sus contribuyentes los impuestos con los que financian sus despilfarros y derroches.
Así las cosas, por donde habría que empezar es por ceder a las autonomías impuestos enteros, y que ellas los gestionen como quieran, de forma que las que deseen gastar más tengan necesariamente que subirlos por tener cerrada la puerta de papá Estado. Entonces los políticos regionales tendrían que decidir cuánto dinero gastarían, y en qué, y habrían de responder directamente ante sus electores de lo que hicieran. Serían ellos, entonces, los que decidieran poner a dieta a la Administración Pública, los que eligieran qué cerrar, qué mantener y qué reformar, porque tendrían que responder directamente ante los ciudadanos de su gestión.
Si se hiciera esto, creo que veríamos a las autonomías ponerse rápidamente las pilas para restaurar el equilibrio fiscal. Por supuesto, protestarán mientras se hace la reforma del sistema de financiación, pero una vez que se les obligue a aceptarlo el cierre del déficit puede venir de forma muy rápida.