La Xunta de Galicia rechaza que se establezcan niveles de déficit "a la carta" para las comunidades autónomas y pide que se tenga en cuenta a las regiones "cumplidoras", como el caso de la gallega.
Así lo ha manifestado la consejera de Hacienda, Elena Muñoz, en su intervención en un desayuno coloquio celebrado en Vigo y organizado por Nueva Economía Forum. Muñoz ha advertido de que "hay que tener cuidado" cuando se establezca el reparto de niveles de déficit permitido.
A ese respecto, ha señalado que "establecer déficits distintos para las comunidades autónomas es un terreno complicado", y ha abogado porque, en el marco del trabajo que desarrolla el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se busquen "criterios objetivos de reparto" para decidir esos límites y "tener en cuenta a las comunidades cumplidoras".
En su intervención, la consejera ha hecho un reparto de las medidas adoptadas por la Xunta de Galicia para controlar el gasto público y, especialmente, aquellas relativas a la reforma de la administración, encaminadas a tener un sector público "más profesionalizado y con una gestión dirigida a la obtención de resultados concretos".
En ese sentido, ha señalado la importancia de dicha reforma para hacer una administración "más eficaz" con menos recursos, las medidas de estabilidad presupuestaria para "no gastar más, sino mejor", y la reforma en el empleo público, con la que se ha conseguido, entre otros avances, una reducción del 40 por ciento en el absentismo.
Evaluación de funcionarios
Elena Muñoz se ha referido a las nuevas medidas de evaluación permanente que afectarán a los funcionarios de la Xunta, y ha pedido que se entienda esta iniciativa, "que ya tienen muchas empresas privadas", como "un apoyo a los trabajadores públicos", porque servirá "para recompensar su iniciativa profesional".
No obstante, ha reconocido que "aún está por desarrollar" el marco normativo y, por tanto, no se han definido criterios objetivos para hacer esa evaluación permanente. En cualquier caso, la consejera ha mostrado su deseo de contar con la colaboración y opinión de las partes afectadas, esencialmente de los sindicatos.